El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén continúa destacándose a nivel nacional en eficacia político-criminal, según el último informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). En el ranking de los Ministerios Públicos Fiscales más eficaces del país, Neuquén ocupa el tercer lugar, con una tasa de eficacia del 12,07%, siendo superado solo por Río Negro, que se encuentra en segundo lugar con 13,24%, y Jujuy, en primer lugar con un 18,11%. Estos datos corresponden a 2022.
Este estudio se basa en una microinvestigación realizada por INECIP, que recopiló datos sobre el funcionamiento de los Ministerios Públicos Fiscales en Argentina. El objetivo de este análisis es promover una planificación estratégica de las políticas de persecución penal e incentivar a los MPF a medir su desempeño en base a datos concretos. Según el INECIP, esta información busca sensibilizar a las autoridades de los MPF sobre la importancia de evaluar su impacto en la criminalidad y en la protección de las víctimas.
El desempeño destacado del MPF de Neuquén no es nuevo. En años anteriores, también se mantuvo en el podio de eficacia: alcanzó el segundo lugar en 2019 y el primero en 2021, bajo la dirección del fiscal general José Gerez. Este índice de eficacia se centra en medir cuántos casos ingresados logran una resolución con incidencia político-criminal, aunque sea mínima, evaluando así el impacto básico de la labor fiscal en cada jurisdicción.
No obstante, el informe también plantea críticas al sistema de evaluación actual. Según el INECIP, la “tasa básica de eficacia político-criminal” es un indicador simple que intenta arrojar luz sobre el desempeño de los Ministerios Públicos, en un contexto donde estos organismos registran pocos datos y con poca utilidad para la toma de decisiones estratégicas. La falta de sistemas de información adecuados provocó que, en muchos casos, las decisiones se basen en intuiciones más que en datos confiables.
Finalmente, el INECIP expuso un “ranking de opacidad” que incluye a las provincias de Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero, las cuales no proporcionaron datos básicos como ingresos y resoluciones de casos. Además, el informe critica la falta de transparencia de estas jurisdicciones, al señalar que la falta de datos podría estar vinculada a una decisión política de ocultar información, lo cual representa una violación al derecho a la información pública.