El ajuste a la salud avanza y las personas con VIH se encuentran bajo alerta por el significativo recorte en los tratamientos y medicamentos que necesitan para vivir. El Presupuesto 2025 que presentó el gobierno de La Libertad Avanza en el Congreso representa una reducción del 76% de los fondos destinados a las partidas presupuestarias del Programa Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis. Este martes, cientos de personas, organizaciones y activistas se movilizaron al Congreso Nacional para manifestarse en contra del recorte y para exigir a los y las representantes que rechacen el proyecto de ley de presupuesto que busca aprobar Milei. «El país se encamina a un genocidio planificado para todas las personas que padecen algún problema de salud”, advirtió Claudio Mariani, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH en la previa a la movilización.
A causa de la paralización de compras públicas y la continuidad del presupuesto aprobado en 2023 pese a que la inflación interanual subió un 236 %, durante el 2024 la comunidad enfrentó faltantes de algunos medicamentos, lo que provocó cambios forzados de tratamientos; faltantes de preservativos, ya que desde que asumió el nuevo gobierno no se realizó ninguna compra nueva; como así también falta de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, testeos fundamentales para el monitoreo de la efectividad y seguridad de los tratamientos. Esto se podría complicar mucho más si se aprueba el presupuesto presentado para el 2025, que propone un desfinanciamiento del 76% de los fondos.
Frente a esta alarmante situación, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH se movilizaron al Congreso y realizaron una reunión informativa para los y las diputadas a los fines de poner en su conocimiento cómo impactará el recorte presupuestario del Poder Ejecutivo en la salud y en la vida de las personas afectadas así como en toda la comunidad.
«La no asignación de presupuesto suficiente para la compra de medicamentos, reactivos para diagnósticos y seguimiento de tratamientos y demás insumos necesarios para responder a las enfermedades complicará la salud y provocará la muerte de miles de personas que dependen del sistema público para continuar con vida», advirtieron en un comunicado difundido por las organizaciones.
En diálogo con AM 750, Mariani denunció: “Si no tenemos un Estado presente que controle una situación de salud, se puede generar una epidemia en muy poco tiempo. Hoy mismo, por la falta de preservativos, ha aumentado muchísimo la cantidad de casos de sífilis”.
Asimismo, agregó: “Esto afecta a la sociedad en general. No hay reactivos, por lo que mucha gente no puede saber si tiene VIH, y si lo tiene, no cuenta con los medicamentos necesarios para su tratamiento».
Además, las organizaciones señalaron que esta reducción no generará ahorros reales: «Al contrario, incrementará la necesidad de inversión futura en salud». En ese sentido explicaron que las personas que no accedan a sus tratamientos experimentarán un deterioro en su salud, aumentando la presión sobre el sistema público, y que la falta de diagnóstico y la reducción en insumos de prevención impulsarán las tasas de transmisión del VIH y otras ITS, intensificando la crisis sanitaria en el país.
Mientras dentro de Congreso se llevaba a cabo la reunión informativa, en la esquina de Avenida Rivadavia y Riobamba se congregaron centenares de personas, organizaciones y activistas para manifestar su preocupación y exigir una revisión del proyecto de presupuesto para implementación plena y efectiva de la Ley Nacional 27.675, de respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis.
Durante la reunión, las y los diputados asistentes se comprometieron a trabajar para reformular e incrementar las partidas del Programa 22, asegurando los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los tratamientos. «La inversión en salud no es un gasto, sino un derecho humano fundamental», afirmaron las organizaciones en el comunicado.