Luego de conocerse el fallo del juez en lo penal Ignacio Pombo, que sobreseyó a los mapuches de la comunidad Paicil Antriao, que en 2028 usurparon varias propiedades en Villa la Angostura, uno de los damnificados, Atilio Fabián Converti, anunció la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra los fiscales y autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF). Aseguró que al momento de la usurpación de la hostería en construcción en la calle Traful, además de la actitud de violencia en su contra, “fue víctima de amenazas de muerte”.
Las propiedades en conflicto pertenecen al basquetbolista Emanuel David Ginóbili; Néstor Martín Bianchini; José Bernardi y Atilio Fabián Converti, quien realizó el anuncio sobre la posible demanda a los responsables del MPF. Según sus propios dichos, al producirse el hecho, convocó a la policía y radicó la denuncia criminal, “brindando declaración en la propia sede de fiscalía y proporcionando la documentación que respalda su posesión”. Aclaró que desde un primer momento, “exigió el desplazamiento de los mapuches intrusos y la restitución provisoria del inmueble”.
Ahora, el abogado que lo representa, Cristian Pettorosso, afirmó que, no solo no se cumplió el pedido de Converti, “sino que la causa no avanzó y entró en un parálisis”, cuando se giraron las actuaciones al espacio de mediación, para que el MPF procure la conciliación entre las partes. Sin embargo, al ver resultados infructuosos en esa instancia, “decidió apartarse rápidamente, quedando Ginóbili, Bianchini y Bernardi intentando agotar fórmulas conciliatorias con los mapuches”.
Pettorosso recordó que a partir de 2019, su cliente siguió reclamando a la fiscalía a cargo de Adrián Lillo, “la expulsión de los intrusos y la celebración urgente del juicio oral y público”, lo cual fue desoído por las autoridades judiciales con el argumento que “continuaba el proceso de mediación con el resto de los damnificados”. En el planteo, el abogado señaló: “con los usurpadores que mantienen en su poder la cosa obtenida ilícitamente, va de suyo que se diluyen las posibilidades de una pronta y efectiva solución al conflicto desde los propios resortes de mediación”.
Las peticiones de Converti nunca fueron respondidas por los fiscales Adrián De Lillo y por Fernando Guillermo Rubio, ambos dependientes el fiscal general José Ignacio Gerez, denunció Pettorosso y señaló que después de más de seis años, desde que se cometió la usurpación, “el juez Pombo decidió finalmente cerrar la causa por excesivo transcurso del tiempo, haciendo lugar a la solicitud de prescripción que realizaron los abogados de la defensa”, lo cual generó el sobreseimiento de la responsabilidad penal.
Retardo de justicia
El abogado Cristian Pettorosso consideró que existe un contexto disfuncional “de una justicia inútil en dar respuesta ante el delito” y acusó al gobierno provincial de “comulgar con los intereses y reclamos indígenas”, denunció “falta de independencia del Poder Judicial neuquino” y dijo que asoma de manera llamativa “el retardo del servicio judicial que favoreció a los usurpadores”. Lamentó que, la decisión judicial, “hizo trizas las expectativas del conocido basquetbolista y el resto de los victimizados, de recuperar sus tierras y propiedades”.