El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un pedido, para que se rechace el requerimiento de sobreseimiento, de las siete personas acusadas de usurpación en distintos terrenos de la ciudad de Villa la Angustura. El planteo del fiscal Adrián De Lillo, al juez de garantías Ignacio Pombo, es para que los miembros de la comunidad mapuche Paicil Antriao, señalados por la acusación, “sean sometidos a juicio en el mes de diciembre, como está previsto”.
El requerimiento del fiscal De Lillo llegó tras la solicitud que realizó el abogado de los imputados, fundamentado en que los plazos del proceso penal, “estarían presuntamente vencidos y prescribió la acción penal por usurpación”. El pedido del fiscal, se fundamentó principalmente en dos argumentos, a los que adhirieron los abogados de la querella en representación de los damnificados.
En relación con el vencimiento de los plazos que esgrime la defensa, De Lillo sostuvo que existió “un proceso de diálogo entre las partes para llegar a una solución al conflicto”, el cual estuvo a cargo de la Oficina de Mediación y Conciliación del MPF. Recordó que este proceso, de carácter voluntario para las partes, “implicó la suspensión de los plazos en los términos del artículo 79 del Código Procesal Penal”. Además, señaló que desde el inicio de la mediación, en noviembre de 2019, “nunca existió una controversia, hasta agosto de este año, cuando la querella solicitó el cese de la mediación”.
De Lillo aseguró que existe un informe de la policía de la provincia, que el 7 de octubre de este año, “señaló que la usurpación continúa y se mantiene el despojo de la propiedad”, por lo cual afirmó que estamos en presencia de un delito permanente. En ese sentido, opinó que el plazo de prescripción no comenzó a correr, “ya que debe computarse cuando el delito cesa”. “Los lotes siguen ocupados, por ende, los plazos no comenzaron a correr”, expresó el fiscal.
Los hechos por los que el MPF impulsó las acusaciones, incluyen el despojo en 2018, de la posesión de un lote en calle Traful, “aprovechando la ausencia de los propietarios, invadieron el terreno e instalaron dos carpas que ocuparon en forma continua y permanente” y luego construyeron una vivienda precaria. Otro caso ocurrió el mismo año, cuando unas 20 personas, que se identificaron como integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao, irrumpieron en un terreno que le pertenece a Emmanuel Ginóbili y obligaron al cuidador, que se encontraba con sus hijas menores de edad, a abandonar el lugar.