Un nuevo incidente violento involucró a un grupo de personas que se identificaron como integrantes de la comunidad mapuche lof Campo Maripe, que increparon a trabajadores petroleros de YPF y le impidieron utilizar la maquinaria, en lo que consideraron “un atropello de Vaca Muerta sobre la vida comunitaria” en el territorio que reclaman como propio. La situación quedó registrada en un video, que la misma comunidad difundió en redes sociales y que luego acompañó con un comunicado.
Según afirma la comunicación, los trabajadores de YPF, que acudieron acompañados por un escribano que registró en un acta lo ocurrido en ese terreno de Loma Campana, “ingresaron en la madrugada con enormes palas mecánicas y comenzaron la destrucción del poco suelo ganadero que la comunidad tiene en la meseta de Añelo”, lo cual consideran “una invasión al territorio mapuche del lof Campo Maripe”.
El comunicado señala que la comunidad mapuche, “no puede distraerse de la tensión que vive hace una década”, ya que el fracking intenta entrar como sea y denuncia “complicidad del gobierno provincial que autoriza este ingreso o invasión”, expresan. La nota afirma que hace casi un año, se encuentra vigente la Ley 3401, “que obliga al Estado a realizar la Consulta Libre Previa Informada”, sin embargo, denuncia que “nada se cumple y todo se viola”. Consideran que se trata de una acción directa de las petroleras, “utilizando la clandestinidad y la violencia”.
El mensaje afirma que la fiscalía mira para otro lado, cuando la denuncia la realiza algún miembro de su comunidad, pero cuando proviene de una empresa petrolera, “ahí siempre hay un fiscal dispuesto a abrir una causa contra las autoridades comunitarias”. Más adelante en la nota, los autores celebran que, tanto el escribano como los operarios, “fueron expulsados por las mujeres de la comunidad” y se manifiestan orgullosos por su valentía.
Acusan al gobierno de la provincia, de “ejercer un rol híbrido que propicia que los conflictos se perpetúen” y no se decide a cumplir con la constitución y con las leyes indígenas vigentes, “para no molestar a las corporaciones petroleras”. En el final, expresan que están esperando el momento en que el gobernador, Rolando Figueroa, “garantice a todos, la seguridad jurídica que hoy no existe”.