Un nuevo proyecto de ley ingresó a la Legislatura provincial y busca que los funcionarios públicos se sometan a pruebas toxicológicas anualmente. La iniciativa, presentada por el periodista Carlos Eguia, tiene como objetivo asegurar la “idoneidad, integridad física, psicológica e intelectual” de quienes ocupan cargos públicos, como el gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes, concejales y presidentes de comisiones vecinales.
El proyecto detalla que entre las sustancias prohibidas se encuentran el alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, heroína, ketamina, alucinógenos y otras sustancias psicoactivas que afectan el sistema nervioso. Sin embargo, aquellos medicamentos prescritos por un profesional de la salud estarían exentos de esta normativa.
Los exámenes se llevarán a cabo en laboratorios certificados por el Ministerio de Salud, que será la autoridad encargada de implementar la ley. Los resultados de las pruebas serán confidenciales y solo estarán disponibles para las autoridades competentes y así garantizar la privacidad de los funcionarios.
En caso de un resultado positivo, el funcionario tendrá la posibilidad de solicitar una nueva prueba en un plazo de cinco días. Si el segundo resultado también es positivo, la ley establece que el mandato del funcionario será revocado, poniendo fin a su gestión en el cargo.
Los fundamentos del proyecto resaltan la importancia de que los servidores públicos actúen con responsabilidad, ya que el consumo de sustancias puede comprometer su capacidad para tomar decisiones en beneficio del interés público.