Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao, acusaron al Poder Judicial de Neuquén, “de utilizar un incidente que ocurrió a principios de este año”, que involucró a integrantes de la colectividad y a un grupo de particulares “que pretende despojarlos de una fracción del territorio tradicional”. Afirman que la situación fue provocada “para comprometer penalmente al lonko, legitimar a terceros como propietarios del lugar y poner en duda la honestidad profesional de su abogado”.
El comunicado sostiene que la justicia minimiza “la violencia permanente que ejercen esos mismos particulares contra las familias”, que viven y transitan por el espacio que intentan obtener para un proyecto privado, expresa. Detalla que el 3 de febrero, un grupo de seis varones adultos irrumpió en un callejón interno de uso comunitario del territorio mapuche, “para intentar delimitar el espacio con estacas y cintas de peligro”. Una mujer del lof y el lonko Damián Olivero, se presentaron para dialogar y tratar de impedir la intrusión.
La versión que relata el comunicado, afirma que el juez Bagnat convalidó la versión del fiscal de Villa la Angostura Adrián de Lillo y la querella que representa a la familia Salamida e interpretó que no se trató de una acción de defensa del territorio mapuche, sino que “la mujer y el lonko pretendieron turbar la posesión de los particulares que actuaron en representación de Salamida”. Consideran que se trató de “otro de los recursos que utiliza el poder para exponer a la comunidad mapuche a la violencia, alimentar la criminalización y hace impracticable el derecho a la legítima defensa”.
Denunciaron y expresaron su repudio a lo que consideran “un accionar manipulador, provocador y de falta de respeto”, ejercido en plena audiencia por el abogado de la querella, Cristian Pettorosso, “que fue avalado y respaldado por el fiscal de Lillo”, expresaron. También denunciaron al fiscal Ramiro Amaya, de Villa la Angostura, por desestimar la denuncia de una mujer de la comunidad, “quien el 29 de marzo encontró en el mismo lugar del incidente del 3 de febrero, “a un grupo de entre 10 y 11 personas”.
La denuncia concreta apunta “al papel del Ministerio Público Fiscal en esta etapa del despojo territorial tradicional”; repudia las maniobras “criminalizadoras contra el lonko y demás integrantes de la comunidad” y ratifica la confianza con el abogado defensor Luis Virgilio Sánchez. Además, exigen la incorporación, como prueba, de la carpeta técnica del relevamiento territorial, surgido de la ley de Emergencia 26160 y el reconocimiento total y definitivo del territorio tradicional de la Paicil Antriao “y todas las comunidades originarias que lo reclaman en la Argentina”.