Durante el sábado, 5 de octubre, se determinó la clausura de un predio en la localidad de Centenario tras descubrir graves infracciones ambientales y denuncias de ocupación ilegal. La medida fue tomada luego de una exhaustiva investigación que confirmó el vertido de los efluentes contaminados en la zona, lo que llevó a la intervención de la Policía de Neuquén y del Municipio local.
El predio, ubicado en una zona de chacras, albergaba a dos empresas dedicadas al lavado de maquinaria y equipos petroleros. Tras diversas denuncias de vecinos sobre la contaminación del área, personal de la División de Delitos Ambientales constató la presencia de efluentes contaminados con residuos de petróleo en desagües cercanos. Según los informes, las muestras tomadas por las autoridades revelaron que los vertidos contenían 2,5 miligramos por litro de hidrocarburos, superando los niveles permitidos por las normativas vigentes.
La Jueza de Faltas de Centenario, Carolina Vidal, fue quien ordenó la clausura del predio, amparándose en el artículo 99 del Código de Faltas, que prohíbe expresamente el desagüe de sustancias contaminantes en espacios públicos. Además, se descubrió que ninguna de las empresas estaba registrada como generadora de residuos peligrosos, lo que incumplía con la legislación ambiental.
El caso tomó un giro aún más complejo cuando una tercera empresa, dedicada a la producción de jugos, denunció la ocupación ilegal de una fracción del terreno que anteriormente pertenecía a su planta. En esa sección, utilizada previamente como planta depuradora de efluentes, las autoridades hallaron residuos de hidrocarburos, lo que agravó aún más la situación.
Durante el operativo de clausura, que fue supervisado por la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, se secuestraron armas de fuego, municiones y documentación vinculada a las empresas. Asimismo, se detuvo a un hombre de 36 años, quien fue identificado como el principal investigado. Tras ser imputado por delitos ambientales, fue liberado bajo notificación de libertad ambulatoria.
La investigación sigue en curso bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de determinar el nivel de contaminación causado y la responsabilidad de los implicados.