La planta de agua pesada de Arroyito puede vender en dólares el fluido que necesitan las plantas de energía nuclear del mundo, generar puestos de trabajo sin obtener pérdidas a la administración del Estado. Incluso la planta puede producir fertilizantes y otros químicos para la industria de forma paralela si se realizan las inversiones correspondientes.
Esta afirmación fue sostenida por los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), durante una manifestación que hicieron durante la mañana del lunes en el centro de Neuquén.
“Todos entendían que era necesario volver a reactivar la planta. Hoy por hoy hay una necesidad de agua pesada. Canadá fue a la planta hace un mes aproximadamente y manifestó la intención de una compra de aproximadamente 1500 toneladas”, comentó Nicolás Ventura, el secretario general de la junta interna de la PIAP.
Ventura agregó que la planta “es la más grande del mundo y es la que estaría en mejores condiciones de proveer actualmente este contrato. También hay intenciones de China y de otros países. Hay clientes y hay necesidad. Lo que no vemos es una decisión firme de poner la planta en condiciones”, señaló.
El motivo de la protesta es que, tanto el Estado nacional como el provincial no se han comprometido en cumplir con las partidas presupuestarias para actualizar la planta. Hace dos semanas, los trabajadores protestaron sobre la ruta nacional 237 y se reunirán en asamblea para decidir las próximas medidas de fuerza.
“Son dobles decisiones políticas. Primero que la provincia fije un posicionamiento de qué es lo que quiere para la planta de agua pesada, pero a su vez compartida con una decisión con el Gobierno nacional”, explicó Jonatan Valenzuela, secretario general de ATE, Senillosa, Arroyito y El Chocón.
El dirigente gremial detalló que la planta industrial tiene dos titulares: una sociedad del Estado, donde la participación mayoritaria la tiene la provincia, con el 51 por ciento, y el resto lo tiene Nación, por intermedio de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“No dejan de ser decisiones políticas de viabilidad de la planta y hoy genera esa incertidumbre de esos dos lados”, indicó Valenzuela.