La condena a funcionarios públicos y a representantes de una empresa por cometer estrago y fraude a la administración pública por la exposición en la escuela de Aguada San Roque fue considerada histórica, ya que marcará un antecedente judicial en la historia de la administración de obras públicas.
El abogado querellante, Darío Kosovsky, explicó que el fallo sentará “un precedente histórico”, porque, por primera vez, se condena a funcionarios de obras públicas “afirmando con claridad que no solamente hubo un estrago, como una explosión con negligencia de todos los intervinientes, los funcionarios y los particulares, sino que además hubo un fraude a la administración pública cometido por todos ellos”.
“El trabajo realizado durante estos tres años por el equipo técnico-legal de ATEN y los peritos contratados fueron fundamentales para que el tribunal contará con los elementos suficientes para determinar la responsabilidad de todos los acusados”, expresó el secretario general de ATEN Provincial, Marcelo Guagliardo.
El fiscal jefe, Gastón Liotard, expresó al diario Río Negro que el resultado del veredicto “es una caricia para las víctimas” y un reconocimiento para quienes trabajaron en el proceso de investigación. “Que se haga lo que se tiene que hacer. No se hizo. Se omitió todo tipo de medida preventiva y el resultado fue este triste desenlace”, afirmó Liotard.
“A grandes rasgos entendemos que es un fallo muy favorable para las familias y una señal muy importante para la comunidad toda, en relación a que no se puede ejercer la función pública de cualquier manera, no pueden los particulares abusar del dinero de todos los neuquinos y que quedó muy bien claro que estas personas se habían logrado para el beneficio e interés de la empresa y no para el interés del Estado”, expresó Darío Kosovky.
Sin embargo, el fallo será apelado por los abogados de la querella debido a la absolución del ex subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, el funcionario de mayor rango en la estructura gubernamental entre los condenados. El motivo de su absolución fue el beneficio de la duda.
En los argumentos del veredicto del tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombol, Deza fue absuelto porque no se pudo probar que el funcionario tenía conocimiento de que la obra en Aguada San Roque no estaba terminada, cuando había certificados que así lo indicaban. Deza estaba acusado del delito de administración infiel, por haber firmado y habilitado los pagos sobre el total de la obra.
Los abogados querellantes adelantaron que pedirán revisiones durante la audiencia de determinación de pena y apelarán la absolución ante el Tribunal de Impugnación. Kosovsky detalló que el tribunal también dejó en claro que el rol de Deza había sido “una labor muy decidiosa, muy negligente, pero que les quedaba la duda o que no se había podido superar el estándar de duda razonable en relación a su dolo, a su intención y conocimiento de lo que hacían sus subordinados”.
“Para nosotros claramente eso se cumplió con la prueba producida y creemos que también debió haber sido condenado, pero entendemos que el tribunal expresó sus motivos, esperaremos el contenido de la sentencia íntegro para poder eventualmente resolver si hay una impugnación o no”, afirmó Kosovsky.
Por su parte, el abogado defensor de Raúl Capdevilla y Carlos Córdoba, Juan Coto, se mostró respetuoso con la decisión de los magistrados a pesar de no compartirla y adelantó que pedirá la revisión a través de un recurso de impugnación.
El origen de la deflagración en la ampliación del albergue en la escuela de Aguada San Roque fue por una fuga de gas en el cielorraso de la obra. Durante el juicio, se comprobó que los trabajos continuaban pese a que se había tramitado el final de obra.