En una operación coordinada, la fiscal Rocío Rivero llevó adelante siete allanamientos en las ciudades de Rincón de los Sauces, Allen, Fernández Oro y Cipolletti. Estos procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por el delito de administración fraudulenta, involucrando un monto de al menos $39 millones.
Los allanamientos se llevaron a cabo en viviendas particulares y oficinas comerciales, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia recibida por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén a principios de julio de 2024. La fiscal Rivero, quien lidera la investigación, detalló que el caso se centra en un reclamo de una tarjeta de crédito corporativa que exigía el pago de $39 millones a un representante de una empresa privada.
Según la denuncia, un contador domiciliado en Fernández Oro era el encargado de realizar estos pagos. Sin embargo, se descubrió que el comprobante de pago enviado por el contador era una falsificación. Además, el denunciante señaló otras irregularidades presuntamente cometidas por el contador, como el uso indebido de fondos de la empresa para su beneficio personal y la emisión de certificaciones falsas para desviar fondos. Estos hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024.
La fiscal Rivero solicitó el secuestro de computadoras, teléfonos celulares, pendrives, discos externos, dinero en efectivo, y documentación relacionada con transferencias bancarias, pagos, facturas, libros contables, chequeras, recibos y remitos durante los allanamientos. Aunque no se efectuaron detenciones, se identificó a varias personas presentes en las viviendas y oficinas allanadas.
“La información recolectada durante estos procedimientos nos permitirá determinar si corresponde formular cargos y, de ser así, a quiénes deberían comprender”, explicó la fiscal Rivero. La investigación está supervisada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y cuenta con el apoyo de la asistente letrada Agustina Jara.
Se espera que en los próximos días se avance en la determinación de responsabilidades y posibles imputaciones. Por lo estipulado en el Código Penal, el fraude que se comete en perjuicio de la administración pública podría tener una pena entre los dos y los seis años de prisión.