Un hombre que arrojó materia fecal diluida en accesos a edificios judiciales de San Martín de los Andes, fue imputado por haber afectado la atención en esas oficinas y haber provocado daños. Para la fiscalía, la acción adoptada por el hombre fue en venganza por haber radicado denuncias que terminaron desechadas o archivadas.
La fiscal Inés Gerez le formuló cargos a J.M.R a quien responsabilizó por los desagradables episodios ocurridos entre el 17 de mayo y el 21 de julio de este año. Además, pidió que se le impida acercarse a los edificios del Juzgado de Paz y de fiscalía, o ejercer actos de perturbación hacia el personal de esas dependencias.
El primer episodio ocurrió el 17 de mayo pasadas las siete y media de la mañana cuando, según la fiscal, J.M.R preparó un líquido con materia fecal y lo arrojó en el frente del edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en Roca al 950. De este modo, dañó el interior de las oficinas – por la filtración de la sustancia-, e impidió el normal funcionamiento de la fiscalía durante la jornada.
El 22 de mayo, antes de las ocho de la mañana, un líquido igual lo derramó sobre el frente del Juzgado de Paz, ubicado en San Martín y Drury, que tuvo que interrumpir la atención al público.
Otro hecho sucedió el 15 de julio. Antes de las siete y media de la mañana, hizo lo mismo en la sede del MPF. Allí roció paredes, puerta de acceso y ventanas, lo que afectó la atención al público en áreas del organismo.
El último, el 21 de julio, alrededor de las siete y veinte de la tarde, volvió a actuar de modo similar en el mismo edificio.
La fiscal del caso le atribuyó el delito de daño agravado en concurso ideal con impedimento de un acto funcional y estorbo de un acto funcional (dos hechos).
Entre la prueba recolectada por el MPF, figura la filmación de una cámara de seguridad que muestra cuanto está arrojando la materia fecal, así como diversos secuestros producidos en un allanamiento efectuado en la casa del acusado, de la que secuestraron restos de materia fecal de gato, bidones, botellas y un embudo, entre otros.
Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que el imputado actuó a modo de venganza por distintas resoluciones que adoptó la fiscalía ante denuncias que él realizó (las cuales fueron desestimadas o archivadas).
El juez de garantías, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y las medidas cautelares requeridas. El plazo de investigación lo fijó en dos meses. Como el tipo de delito que se investiga prevé una pena baja, existe la posibilidad de que el caso se resuelva mediante una salida alternativa.