Una jueza de Garantías extendió por seis meses la prisión preventiva para dos de los sindicados como cabecillas de una asociación ilícita que estafó al Estado utilizando tarjetas de beneficiarios de planes sociales.
Desde la oficina de Prensa del TSJ se informó que la jueza Carina Álvarez, en una audiencia realizada este jueves, prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Ricardo Soiza y Marcos Osuna, ambos imputados como jefes de la asociación ilícita que cuenta con una treintena de acusados.
Se informó también que en la misma audiencia, la fiscalía de Delitos Económicos adelantó que luego de la feria judicial de invierno estará en condiciones de solicitar la elevación a juicio de la mega causa.
La jueza dio por vigentes los riesgos procesales para resolver la prórroga de esta medida cautelar.
La estafa con los planes sociales salió a la luz en julio de 2022, cuando algunos beneficiarios denunciaron que no tenían depositados los fondos en sus cuentas del BPN.
A medida que avanzaba la investigación, se fue desenredando una compleja trama que involucraba a las máximas autoridades del ministerio de Desarrollo Social de ese entonces.
Por ello, fueron acusados como jefes al ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengenthaler; al director general de Planes Sociales, Ricardo Soiza; también a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y a Marcos Ariel Osuna, quien era el responsable de Gestión de Programas del ministerio.
Además, están acusadas otras 26 personas que cumplían distintas tareas dentro de la organización.
En agosto de 2022, una auditoría interna del Banco Provincia de Neuquén (BPN) reveló los testimonios de un empleado del ministerio de Desarrollo Social y otro del banco, que dijo que desde ese organismo le habían ofrecido colaborar en campañas electorales.
Minuto Neuquén tuvo acceso al informe de la auditoría en el que consta la declaración de un empleado del banco que admitió que su colaboración “consistía en esbozar y entregar o bien retener las Tarjetas de Débito (TD) a aquellos clientes beneficiarios de ayudas o planes sociales que fueran indicados desde el Ministerio, como así también acompañar a cobrar o retirar los fondos de las cuentas para luego entregárselos a su referente”.
También declaró que desde Desarrollo Social les proveían las listas para imprimir plásticos. El hombre está en pareja con una empleada del Ministerio, quien colabora con un político del MPN conocido por su elocuencia y que actualmente desempeña funciones legislativas.
En la actualidad, solo Ricardo Soiza y Marcos Osuna tienen confirmada y prorrogada la prisión preventiva en un establecimiento penal. Sanz tiene prisión domiciliaria.
Además, para los tres, en diciembre se prorrogó por ocho meses el embargo de sus bienes, según lo dispuesto originalmente por la jueza Álvarez.