La diputada provincial del Frente de Izquierda Unidad de Neuquén, Gabriela Suppicich impulsó una audiencia pública para el martes, 11 de junio en la legislatura provincial, a la vez que, desde su bloque y el Partido Obrero, presentaron un proyecto de ley para crear en la provincia, un Programa de Garantía Estatal Alimentaria, cuyo objetivo es garantizar alimentos saludables y con el valor energético adecuado a cada franja etaria, desde su nacimiento y sin límites de edad.
La iniciativa pretende implementar la provisión obligatoria de alimentos saludables por parte del estado, a comedores y merenderos barriales, sostenidos por organizaciones civiles o cooperativas, de los alimentos de todo tipo para su fortalecimiento diario. Propone también adicionar los montos de las partidas para comedores escolares y de refrigerio, en los establecimientos educativos de gestión estatal.
Para la presentación formal del proyecto, los referentes de la Izquierda esperan el acompañamiento de dirigentes sociales, trabajadores de dispositivos de la subsecretaría de Familia y docentes de toda la provincia, señalaron. Al momento de fundamentar la iniciativa, Suppicich expresó que con esta ley buscan exigir al estado provincial, las garantías nutricionales en un momento en que Neuquén, “está en el segundo lugar con la tasa más baja de nutrientes en el país”, dijo y denunció que el gobernador “continúa con las garantías a las petroleras y no a las familias trabajadoras”.
La legisladora neuquina sostuvo que la exigencia de alimentos para comedores y refrigerios que propone esta iniciativa , “coloca a las niñeces y adolescencias en primer lugar de la asistencia”.
La convocatoria, para la audiencia pública, que realizó la legisladora, es para este martes, en la Sala de la Memoria de la Legislatura de Neuquén, y el comienzo está previsto para las 9:30 horas.
Las audiencias públicas según la Justicia Argentina
Las audiencias públicas son una instancia en la que los ciudadanos pueden participar de las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, o como en este caso, provincial y pueden ser convocadas por los ciudadanos que tengan un derecho o interés particular en el tema que se tratará.