A tan solo seis meses de haber iniciado este gobierno, se han cerrado y desfinanciado diversos organismos gubernamentales, la mayoría bajo sospechas de corrupción y militancia. Aunque puede que algunas de estas denuncias sean infundadas, resulta evidente el patrón de actuación al desarticular proyectos como el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). El proceder parece ser el mismo: primero, se denuncia corrupción y luego, se corta el financiamiento sin esperar a los tiempos requeridos para la comprobación de los actos ilícitos. A pesar de la falta de evidencia, estos proyectos no vuelven a reactivarse, lo que representa un grave retroceso para las personas que eran ayudadas por estos.
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