La circulación vehicular languideció notoriamente en la estación Constitución esta mañana, pero no terminó por extinguirse del todo. Las líneas del grupo DOTA, la empresa de que no adhirió al paro y controla el 20% de los 18.000 colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires, hacían su recorrido habitual en medio de la jornada de protesta que activó la CGT –que tuvo un alto grado de acatamiento– y a la que sí adhirió la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los colectiveros.
En abierto desafío al gremio que lidera Roberto Fernández y en un claro alineamiento con el Gobierno en medio de una negociación por los subisidios al transporte, el Grupo DOTA optó por prestar sus servicios habituales y anunció multas para aquellos choferes que no se presentaran a trabajar este 9 de mayo. Lo hizo apegándose al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 dispuesto por el presidente Javier Milei en diciembre, cuyo capítulo laboral, a raíz de una lluvia de amparos, se encuentra judicializado, pendiente de una resolución de la Corte Suprema.
“El DNU no resulta aplicable”, señaló José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°69, en una resolución exprés ante una medida cautelar presentada por la UTA.
La insurrección de DOTA, que está a cargo de la familia Faija, vino con represalias. Uno de los primeros incidentes se registró en la provincia de Buenos Aires en el comienzo de la jornada. En Puente la Noria, dos choferes recibieron piedrazos y tuvieron que interrumpir el servicio. El portavoz Manuel Adorni se valió de ese hecho para decir que la medida “fue en base a extorsiones y piedras”. Las imágenes de colectivos en circulación atacados con piedras o proyectiles comenzaron a circular por las redes. La empresa denunció otros incidentes. “Es el costo por querer trabajar”, señaló Marcelo Pasciuto, director de DOTA, en diálogo con Radio Mitre.
En un señal de respaldo a la empresa y sus choferes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, improvisó una desordenada conferencia de prensa en la estación Constitución junto con el secretario de Transporte, Franco Moggeta. “Salgan, hay medios de transporte para quienes lo quieran usar. El país necesita que trabajemos, los que han hecho actos vandálicos mostraron una situación de debilidad”, exhortó la ministra.
Por su parte, Moggeta precisó: “Hemos detectado que ya hay más de 2300 unidades en la calle. Esto es un porcentaje aproximado cercano al 40% de lo que es un día normal en el transporte. Y hay empresas que se siguen sumando”.
“No se va a pagar el día a las empresas que no prestan sus servicios. Hoy tiene que haber un servicio mínimo, las condiciones están dadas, por algo están los colectivos que están circulando”, añadió el secretario.
En rigor, la empresa DOTA se ciñó al artículo 97 del DNU 70 el cual dictamina al trasporte terrestre como un servicio, si bien no “esencial”, sí “trascendental”, motivo por el cual, afirma el decreto presidencial, “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”
Rodeada de cámaras que le entorpecían el paso, la ministra Bullrich, reforzó el espaldarazo para la firma y su choferes al subirse a una de las unidades que circulaba por Constitución. “Gracias por venir a laburar, me dijo”, cuenta a LA NACION Cristian, chofer de la línea 9 –bajo el control de DOTA– quien mantuvo una breve conversación con la ministra.
En la previa a los incidentes que se registraron al comienzo de la jornada, y que motivaron el accionar de Bullrich, la UTA presentó una cautelar para que los trabajadores de la firma DOTA puedan plegarse a la medida de fuerza impulsada por la CGT sin que su sueldo fuera descontado. “No existiendo mora alguna de parte de la empresa, ni obligación pendiente de su parte para con sus trabajadores, el día no trabajado será descontado”, había advertido el directorio de la firma en un comunicado que circuló en la antesala al paro general.
El Juzgado de Trabajo de primera instancia Número 69 dictó un fallo favorable al pedido del gremio que lidera Fernández. Para el juez Claudio Riancho, “las disposiciones del capítulo laboral del DNU 70/2023 se encuentran suspendidas en su aplicación para todos los trabajadores y empleadores del país”, por lo que resolvió que sus disposiciones no son aplicables al conflicto y que las empresas se encontraban “vedadas de imponer cualquier tipo de sanción a los trabajadores que participaran de la medida de fuerza”
En indirecta alusión a los episodios que se registraron por la mañana, el fallo también advertía “no se avala la utilización de violencia en el ejercicio de este derecho (huelga), ya sea para amedrentar o compelir a trabajadores a plegarse a una medida con la que no puedan estar de acuerdo”.
“Vine a laburar porque no llegaba a fin de mes, y un día menos de laburo, no. Por las dudas vine”, agregó Cristian, unos minutos después de su encuentro con la ministra Bullrich, mientras surcaba una 9 de Julio con poco tránsito.