Cajas en depósitos, documentación encontrada en la calle y carpetas en altillos forman parte del material que se ha sumado a la causa por la estafa con planes sociales en la que se investiga a funcionarios de las últimas gestiones del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Es imposible no preguntarse, ¿dónde estaba ese material cuando se ordenaron los allanamientos? ¿Por qué no se encontró en ese momento?
Es al menos raro que toda esa documentación que podría aportar información relevante para la investigación que se realiza de manera paralela a Planes Sociales I, no haya sido encontrada por el personal que se encargó de allanar las dependencias estatales. ¿Se realizaron mal los procedimientos, hubo una orden para que no se encontrara? ¿O simplemente llegó a esos lugares después? Nadie sabe o nadie quiere saber.
Los arrepentidos y la nueva documentación obligaron a la fiscalía a abrir otra investigación que abarca un periodo de tiempo anterior al 2020. El intendente de Neuquén, Mariano Gaido (exministro de Gobierno y posteriormente Desarrollo Social), y sus colaboradores de extrema confianza, como Santiago Morán, Luciano Palma y Walter Honorio, que en ese momento cumplían funciones en el extinto ministerio, fueron apuntados. Todos ellos han corrido con mejor suerte que los imputados del periodo 2020-2022. Han logrado sortear las oficinas del Poder Judicial y por supuesto la incomodidad de las preguntas.
La documentación que “sorpresivamente” apareció se está analizando. “Obvio que si hay condenas en la otra causa, van a hablar hasta los muertos”, vaticinó un abogado de una de las imputadas que accedió al juicio abreviado.
La causa avanza y frena de acuerdo al clima político. La investigación está detenida en la causa que va desde el 2020 a 2022 y que tienen como principales involucrados a Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Ricardo Soiza, director de Planes Sociales, Tomás Siegenthaler; Marcos Osuna y Pablo Sanz, funcionarios de esa cartera. “En mi opinión este juicio va a ser una carnicería y van a condenar a todos, no sé si a las penas que va a pedir la fiscalía pero que va a haber condenas seguro”, expresó el abogado. El defensor consideró que “si no hablan Abel (Di Luca), el turco (Soiza) y cia, no pueden subir más allá de ellos”.
En cuanto al silencio de los principales acusado, sembró dudas. “No sé qué contención les darán en este momento que no son gobierno y supuestamente se cerraron las cajas”, manifestó. Si hay penas automáticamente les dejan de pagar sueldos y además deberán devolver el dinero malhabido. “Ahí los quiero ver cuando les digan lo que tienen que reintegrar”, dijo el letrado.
Qué pasa con la conexión BPN
Otra de las causas por las estafas con planes sociales abiertas y que poco se conoce es la relacionada con el Banco Provincia de Neuquén (BPN). Por lo bajo, todos coinciden es que hubiese sido imposible avanzar con las maniobras, ya sea con cheques o con tarjetas, sin la complicidad de alguien de adentro. La primera conexión interna podría ser Gonzalo Pino, exempleado del Banco. La segunda, Marcelo Berenguer, uno de los directores de la entidad.
Gonzalo Pino reconoció, en una auditoria interna, su participación y aseguró que desde el Ministerio de Desarrollo Social Desarrollo Social les proveían las listas para imprimir plásticos. Su participación “consistía en esbozar y entregar o bien retener las Tarjetas de Débito (TD) a aquellos clientes beneficiarios de ayudas o planes sociales que fueran indicados desde el Ministerio, como así también acompañar a cobrar o retirar los fondos de las cuentas para luego entregárselos a su referente”, explicó. Pese a que Pino reconoció la maniobra, el BPN recién dio aviso a la justicia luego de que «Minuto» diera a conocer la auditoría realizada en el 2021.
La segunda conexión con el Banco tiene más peso político. El imputado Pablo Sanz aseveró que Marcelo Berenguer era quien “alertaba por denuncias de beneficiarios, avisaba cuándo cambiar la modalidad de las maniobras, y quien decidía que denuncias hacer públicas”. Berenguer fue designado como director titular de la entidad financiera en el 2016, cuando el fraude con los planes sociales comenzaba a tomar vuelo.
Con estas dos posibles conexiones poco se avanza. Un año y medio después de conocerse la auditoria, Pino es investigado pero aún no se le han formulado cargo. En cuanto a la situación de Berenguer, poco o nada se sabe.
Si no se conoce a dónde iba el dinero del Estado que debía ser destinado a los más vulnerables; si no se sabe qué funcionarios de primera línea se beneficiaron con las maniobras, ¿alcanza con las posibles condenas en Planes Sociales I? ¿Es realmente Justicia?