El gobierno de Javier Milei confirmó hace pocos días la postulación del juez federal Ariel Lijo para integrar la vacante de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La potestad para que esto ocurra dependerá de la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso. Sin embargo, antes de esto se estableció un período para presentar objeciones hacia su nombramiento. A raíz de ello, se conoció un comprometedor audio en el cual Lijo obliga a una mujer a extraerse una muestra de ADN, sin seguir los protocolos de la ley.
El audio fue presentado el lunes por la noche por el periodista de LA NACION Francisco Olivera en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni en LN+. Este tuvo lugar en 2014 cuando se le inició una investigación sobre su ADN a Irene Barreiro, la hija del exmilitar Ernesto Barreiro, el segundo al frente de los interrogatorios realizados en el centro clandestino La Perla y condenado a 24 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por seis casos de tortura y un homicidio.
Todo surgió a partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo en la cual se estableció que había una presunción acerca de la identidad de Irene Barreiro la cual podía ser compatible con algunos de los 151 perfiles genéticos que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos sobre niños desparecidos en la última dictadura. Según se planteó, dado que nació el 11 de noviembre de 1978, pudo haber sido ser secuestrada y separada de sus padres biológicos al nacer.
En julio de 2014 ocurrió un allanamiento, luego de que una camioneta de la Prefectura Naval rondara las cercanías de la casa de Irene Barreiro con el fin de determinar que realmente vivía en aquella dirección durante al menos cinco semanas. Según explicó el periodista Olivera, Barreiro fue víctima de aparentes operaciones de inteligencia en ese período.
Durante ese allanamiento, le extrajeron muestras de ropa, la encerraron en un cuarto con otras dos personas, le quisieron sacar su ropa interior y finalmente le sustrajeron un cepillo de dientes que llevaba en su cartera con la intención de realizar aquel análisis de ADN. Al mismo tiempo, Barreiro realizó sus propios análisis mediante firmas privadas, los cuales concluyeron que era hija de quien fue su madre biológica y con quien se crio. Sin embargo, estas pruebas no son válidas para la Justicia.
Al cabo de una semanas, fue citada al juzgado del juez Ariel Lijo. En el escrito que llegó a su casa le anticipaban que le iban a dar los resultados del cotejo de ADN. Aquel día, se presentó en Comodoro Py junto a su abogada y fue recibida por Lijo. Este le comunicó que la prueba de ADN no era concluyente, y que, por lo tanto, debía hacerse un nuevo test.
En ese momento tuvo lugar la conversación que quedó registrada en el audio que se difundió anoche. Lijo había organizado que la muestra de ADN se obtenga en ese preciso momento junto con un equipo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Sin embargo, Barreiro desconfió de la actuación de la Justicia, y sostuvo que la haría, pero con su propio perito de parte. Lijo insistió en que no se podían retirar del lugar sin hacer la prueba. Según contó el periodista en el informe de Odisea Argentina, la mujer tuvo un ataque de histeria, se sacó los pantalones y su ropa interior y se la arrojó en la cara antes de irse corriendo por los pasillos de Comodoro Py con un suéter que la cubría.
Esto derivó en dos denuncias presentadas por Barreiro contra el juez Lijo. La primera se presentó ante el Consejo de la Magistratura, pero fue desestimada, y la segunda fue ante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, rechazada. En ellas, la denunciante establece que Lijo le tendió una “emboscada” y asegura que no se respetó la integridad de las personas, así como tampoco los derechos de las víctimas. El código penal estipula que en caso de que se niegue la víctima, hay que buscar otra vía.
La causa que se inició a partir de la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo permanece abierta desde hace 10 años.
