Luego de las críticas por retirar el capítulo tabacalero de la Ley Bases, donde el Gobierno cedió ante las fuertes presiones del Señor del Tabaco, el ministro Guillermo Francos aseguró que habrá cambios para el sector en un proyecto de ley que próximamente enviará el Gobierno al Congreso.
«Lo sacamos porque no queríamos generar esta discusión ahora, junto con una ley que trata temas de mayor importancia», justificó el ministro del Interior, este jueves, el retiro del capítulo tabacalero. Y agregó: «Lo vamos a incluir más adelante, en un tratamiento de la Ley de Impuestos Internos».
Con el mantenimiento del esquema vigente en la actualidad, Tabacalera Sarandí, la empresa propiedad del «Señor del Tabaco», como lo apodó a Pablo Otero el presidente Javier Milei, seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que por una medida judicial dejó de pagar el impuesto mínimo, que son $800 por cada paquete de cigarrillos, lo que le permitió pasar del 5% de participación en la industria tabacalera argentina, a más del 30% en los últimos seis años.
Esta situación la reconoció el propio ministro Francos, quien en declaraciones a Radio Rivadavia sostuvo que «hay un recurso de amparo sobre una de las empresas, que le permitió no pagar impuestos internos por mucho tiempo. Es competencia desleal. Tiene precios más bajos y creció su participación de mercado».
Sin embargo, el Gobierno cedió ante el lobby parlamentario del Señor del Tabaco. Es que el bloque del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, pidió la modificación de varios artículos del capítulo tabacalero para acompañar al Gobierno en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
También planteó objeciones al proyecto original del Gobierno el diputado libertario Carlos Zapata. Una posición que ya planteaba el bloque de Unión por la Patria (UxP), a partir del lobby que venía realizando el diputado kirchnerista Carlos Castagneto, extitular de la AFIP albertista, de donde se benefició ampliamente al Señor del Tabaco, según las fuentes consultadas por Clarín.
Entonces, esta semana el Gobierno decidió dar de baja todo el capítulo tabacalero del proyecto de Ley Bases, y dejarlo «para más adelante», como dijo el ministro Francos.
Pablo Otero, corredor de autos y dueño de Tabacalera Sarandí.El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, le salió al cruce a Francos y reclamó este jueves que se vuelva a incluir todo el capítulo tabacalero en la Ley Bases. «Nadie se hace cargo de la continuidad del privilegio para el Señor Tabaco. No fueron los funcionarios del Gobierno, tampoco los diputados del Pro ni de La Libertad Avanza. La mano invisible».
Y agregó: «Los gobernadores de provincias tabacaleras solicitamos que se incluya de nuevo en el capítulo fiscal de la ‘Ley Bases’ la regulación del impuesto al tabaco y que se discuta en el Congreso. Así queda claro de quién es la mano, y que den la cara los responsables ante los jubilados, y todos los argentinos de bien que están soportando estoicamente el ajuste, con la esperanza de que se terminen estos privilegios», concluyó Sáenz.
Es que las modificaciones que contenía el proyecto original de la Ley Bases enviado por Milei iban a permitir aumentar la recaudación en 922 millones de dólares por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb, una parte de las cuales iban a girarse a las provincias productoras de tabaco. Pero todas esas reformas se dieron de baja.
El proyecto original eliminaba el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector; elevaba la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorporaba precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% del relevado (que ocurre con la empresa de Otero, según sus competidores); e incorporaba un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades.
También el proyecto original del Gobierno iba a poder impactar en la recaudación si es que en algún momento se autorizaba la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto de ley original, un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que pagan los cigarrillos, según dijo Otero a Clarín, pero que quedó descartada esa opción en el nuevo proyecto oficial.
Una fuente del sector tabacalero planteó que «la distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point $625, Master $568, Kiel $525; mientras sus productos se comercializan alrededor de $1.000 a $1.200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público, entre $600 y $700 por atado, los ganan de manera informal y por fuera de la Ley», sostuvo una fuente que cuestiona duramente al Señor del Tabaco.
Según un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan del mismo modo, les permitió crecer fuertemente su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 38,4% en 2023, generando una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023».
Denuncia ante la Justicia federal
La industria está con fuertes acusaciones cruzadas por esta situación. Luis Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), presentó este jueves una denuncia ante la Justicia Federal contra Otero, el diputado Castagneto (UxP) y otras cuatro personas, para que la Justicia investigue la información recibida en un mail anónimo, que daba cuenta «que el diputado Carlos Castagneto habría recibido la suma de cuatro millones de dólares de parte de Pablo Otero para repartir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO, aunque no señala sus nombres».
La denuncia presentada por Guinle menciona que en ese mail anónimo figuran las personas que habrían realizado ese pago, el lugar, el día, la hora y hasta los autos en que se habrían movilizado, incluyendo las cuentas que habría utilizado Otero para traer «el dinero con el que se habría pagado la suculenta coima», según la denuncia judicial, donde reclama que el juez tome diversas medidas de prueba para corroborar los datos que figuran en ese mail anónimo que le llegó a CANET y a las principales empresas del sector tabacalero.
Consultado por Clarín, Otero respondió que «esa denuncia es totalmente falsa, contradictoria, ridícula y hecha para lograr un efecto en los medios. Como dije varias veces, no conozco al diputado Castagneto, ni a los funcionarios de Gendarmería que se mencionan en esa denuncia. No tengo cuentas en Bahamas ni en Banco Itaú, es todo un delirio. Sí, tenemos una empresa en Panamá y otras en Estados Unidos, pero están declaradas. Hablan de una chica que trabajó en mi empresa hace diez años y cuando pregunto me dicen que vive en Europa hace cuatro años. Mal puede haber participado en pagos por coimas en Argentina para evitar una Ley actual».
Y agregó: «Un diputado no evita una Ley, eso no tiene asidero. Se trata de una operación judicial y de prensa, que no representa una amenaza para mí pero lógicamente me lastima reputacionalmente. A Clarín y La Nación, que trabajan para Massalin e intentan destruirme mediáticamente, les encanta esta farsa y van a escribir mentiras al respecto por largo rato. Estoy totalmente tranquilo por esa denuncia, y ya acostumbrado al sistema de periodismo ensobrado», dijo Otero a Clarín.