Debido a objeciones presupuestarias y de organización de la Justicia, el Gobierno postergó hasta el 6 de mayo la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Rosario para agilizar las causas por narcotráfico.
El nuevo código deja las investigaciones en manos de los fiscales y no de los jueces como es hasta ahora y ya fue implementado con éxito en Salta y Jujuy.
En una resolución, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona informó que luego de “mantener sucesivas reuniones de trabajo en el distrito judicial correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, hemos advertido la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal”.
Además, señaló el ministro que antes se debe “elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.
Entonces, la puesta en marcha de sistema del llamado sistema acusatorio no empezará el lunes, sino el 6 de mayo.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hizo el jueves un viaje relámpago a Rosario bajo una torrencial lluvia para tratar con la Cámara Federal local esta decisión de Cúneo Libarona a quien mediante un DNU el presidente Javier Milei le dio la responsabilidad de implementar el nuevo Código Procesal Penal. Rosatti se reunió cinco horas con la presidenta de ese tribunal, Silvina Andalaf Casiello.
En la reunión con Rosatti, también estuvieron los camaristas José Guillermo Toledo, Élida Vidal y Aníbal Pineda.
El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, estuvo en diálogo permanente con Rosatti y conversando con el Ministerio de Justicia sobre este tema. En fuentes judiciales se destacó el diálogo institucional con Cúneo Libarona, a diferencia del ex ministro de Justicia ultra K, Carlos Soria que se la pasaba insultado a los jueces y no conversaba sobre este tipo de temas.
Tanto la Corte como el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, están de acuerdo con la idea de Cúneo pero pidieron tiempo porque quieren que «salga bien y luego tenga un efecto de derrame» hacia otras jurisdicciones.
Por lo pronto, el martes una delegación de la Corte y el Consejo de la Magistratura viajará a Rosario para diseñar una Oficina Judicial que se encargue de suministrar la infraestructura que falta. Los equipos técnicos que van «son para empezar a relevar las necesidades y empezar a trabajar sobre ellas».
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside Ricardo Toranzo, apoyó la medida pero no su inmediata implementación como quería originalmente Cúneo Libarona. Es que los fiscales necesitan más empleados y equipos para hacerse cargos de las investigaciones, sobre todo de casos complejos.
En un comunicado la AFFUN dijo que la tarea urgente de perseguir el narcotráfico en Rosario se debe “hacer con instituciones fortalecidas y con un plan de trabajo”.
La AFFUN recordó que de la Cámara Federal de Rosario dependen también fiscalías de otras ciudades y llega hasta San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.
Además, faltan cubrir vacantes de jueces y fiscales federales en la provincia de Santa Fe, como el juzgado de Rafael.