El diputado provincial del espacio Neuquén Federal, Carlos Coggiola, elaboró un proyecto de ley para crear un “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio”, el cual deberá proveer al Ministerio Público Fiscal (MPF) de Instrumentos jurídicos idóneos, que permitan la intervención del Estado con el objetivo de lograr, “de manera eficaz, la extinción de dominio a su favor”, sobre dinero y activos, cuyo origen no pueda ser justificado.
Mediante el proyecto de ley, que ingresó el martes 5 de marzo, por mesa de entradas de la legislatura, el legislador procura que Neuquén, constituya una “Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial”, la cual se deberá encargar de presentar las demandas e impulsar las acciones que apunten a lograr “la extinción de dominio prevista en el régimen”, explicaron.
De aprobarse, la nueva ley funcionará bajo la órbita del MPF y será el fiscal general de la provincia, el encargado de establecer los criterios, “que orienten el inicio y selectividad de las acciones en cuestión”, explicaron. Deberá, también, determinar la significación económica de los bienes, el grado de afectación al interés público y los objetivos que orienten el accionar del organismo acusatorio.
El articulado del proyecto de ley, establece que quedarán incluidos en el régimen, “todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no”, además de los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad o cualquier otro activo, que pueda tener un valor económico asignado, como vehículos, obras de arte o joyas. También alcanza a los “ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios de tales bienes”.
En los fundamentos, Coggiola explica que la intención es “replicar en el orden provincial, una Norma de similar tenor a la que existe a nivel nacional”, que le permita al Estado, recuperar de modo rápido, ágil y respetando las garantías constitucionales del debido proceso y propiedad. El legislador afirmó que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del estado”.