El gobierno nacional convocó a una audiencia pública para analizar la propuesta de adecuación tarifaria de la empresa estatal AySA, que brinda el servicio de agua y cloacas a más de 3,8 millones de hogares en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A través de la resolución 2/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas anunció que el llamado se llevará a cabo el día 27 de marzo a las 10 h “con el objeto de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos”.
“Su visualización y participación se realizará mediante una plataforma digital y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, la que será informada a través de la página web del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)”, indicaron.
Dos semanas atrás, el ministro Luis Caputo rechazó la propuesta de aumento de tarifas de 138% que había realizado la empresa estatal al entonces Ministerio de Infraestructura. Sin embargo, tras pasar esa cartera a Economía, el ministro Luis Caputo rechazó la sugerencia y la empresa deberá diseñar otro esquema con una variable de ajuste menor.
La empresa había realizado el cálculo de aumento de tarifas sobre la base de gastos e inversiones a precios de diciembre de 2023, según habían dicho, y justificado el pedido diciendo que “la inflación en 2023 fue superior a lo previsto (222% anual), por lo que los ingresos tarifarios resultan insuficientes para sostener los gastos operativos”.
Los aumentos de tarifas de AySA los decide la Secretaría de Obras Públicas, que depende ahora del Ministerio de Economía. La Secretaría le trasmite la orden de qué tarifa aplicar al ente regulador de agua y saneamiento (ERAS), quien detalla el nuevo cuadro tarifario a AySA.
En la audiencia también se tratará un cambio en la medición del consumo de agua que salió publicado en el Boletín Oficial, bajo la resolución 641/2023. La misma habilita la posibilidad de que en los edificios con medidores globales se les cobre a los usuarios de forma individual bajo el régimen tradicional no medido y se le abone al consorcio un cargo variable medido. En otras palabras, que los usuarios que viven en PH o los consorcios de edificios vuelvan a tener factura individual.
“Es decir, se podrá optar por una modalidad de facturación individual o unificada en los edificios que cuenten con un único medidor. Esta nueva modalidad será voluntaria, optativa y reversible, y lo que busca es una mejora para los usuarios y usuarias del servicio”, agregaron.
LA NACION