miércoles, 23 octubre, 2024
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La Sociedad Rural de Neuquén le pidió al gobierno que decrete emergencia ígnea

La Sociedad Rural de Neuquén, difundió una carta, firmada por su presidente, Cecilia de Larminat, que envió al gobernador Rolando Figueroa, en la que manifiesta su “profunda preocupación por la falta de un decreto para declarar la emergencia ígnea en el territorio provincial”, el cual fue circulado con fecha 30 de enero de este año, detalla la misiva.

La entidad ruralista, expresó que la propagación incontrolable de incendios forestales en las provincias vecinas y en la República de Chile, “en medio de un verano excepcionalmente seco”, resalta la urgencia de “implementar medidas inmediatas y efectivas”. Además, opinaron que la protección de la comunidad y el entorno natural, “demanda acciones imperativas frente a esta amenaza latente”.

Reclaman por la urgente implementación de medidas por la situación de los incendios. Fuente: (Facebook)

En la comunicación, los dirigentes ruralistas afirmaron que la actual situación en la provincia de Neuquén, “es sumamente preocupante” y recordaron que desde el comienzo de la temporada, “se han desarrollado 64 incendios, que afectaron una superficie de 553 hectáreas”. Además, revelaron que la demora en la firma del decreto para declarar la emergencia ígnea, “desconcierta y genera profunda inquietud”.

La carta, señala que la prevención representa la mejor y más económica herramienta para combatir el flagelo, “como se ha evidenciado en numerosas ocasiones”. Además, aseguran que la preocupación por la urgente declaración de la emergencia ígnea, es compartida por la opinión pública, especialmente los jóvenes, que “han expresado su inquietud de manera destacada en redes sociales”.

Ruralistas reclaman por la declaración de emergencia ígnea. Fuente: (Minuto Neuquén)

En la misiva, los autores remarcan que los organismos responsables, como la policía y el cuerpo de guardafauna, “no cuentan con la normativa legal necesaria para actuar en casos de fogones no autorizados”, lo cual, no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y recursos naturales, sino que además “obstaculiza la labor de quienes están comprometidos en la protección del entorno”.

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