Este jueves vence el plazo extendido de sesiones extraordinarias fijadas por Javier Milei y el oficialismo no consiguió aprobar ninguno de los 14 puntos solicitados por el Presidente. Si bien la Ley Ómnibus, caída en Diputados, se llevó todas las miradas, el temario incluía además proyectos como la reversión de Ganancias, la Boleta Única Papel y tratados internacionales que el Senado tampoco consiguió validar en el recinto.
Con optimismo el Ejecutivo emitió el primer decreto de convocatoria a extraordinarias casi a fines de diciembre para que el Parlamento funcione desde el 26 de diciembre de 2023 solo hasta el 31 de enero de 2024. En total, cinco semanas para todo.
El temario inicial contemplaba 11 puntos, entre ellos, la Ley ómnibus que como todavía ni había sido presentada con su nombre oficial -«ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos»- se la mencionaba como «ley de reforma de las funciones del Estado».
Figuraba ya en ese listado inicial la «Ley de Impuestos a Ingresos Personales» que luego se aclaró que sería la iniciativa de reversión de la quita de Ganancias aprobada -incluso con el voto a favor de Milei- durante la gestión económica de Sergio Massa.
La bancada de UxP celebra la caída del tratamiento de la Ley Ómnibus. Foto: Télam.La medida, que es uno de los ejes de discusión más fuertes de Milei con los gobernadores, terminó siendo enviada al Congreso casi un mes después, a fines de enero, durante la madrugada en que el plenario de comisiones de Diputados estaba por dictaminar la Ley Ómnibus.
Pero semanas después el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se bajaba del tratamiento todo el capítulo fiscal incluido en la mega ley y también se dejaría sin debatir Ganancias.
El punteo se completaba con una serie de convenios entre la República Argentina y Japón, Luxemburgo, la República Popular China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. También incluía la consideración y retiro de de acuerdos para designaciones y la autorización para que el Presidente pueda salir del país.
El 5 de enero, cuando el tono de las negociaciones hacían ver que el futuro de la Ley Ómnibus no sería fácil, el Gobierno rechazó la posibilidad de extender las extraordinarias. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que no lo estaban evaluando.
«Entendemos que los plazos están dentro de los parámetros que harán que se puedan cumplir. Confiamos en que haya celeridad en todo el trámite legislativo», señaló.
Pero llegando a fines de ese mes la realidad se impuso y el Ejecutivo extendió el plazo de extraordinarias, aunque tampoco hasta fines de febrero, sino hasta el 15.
En ese decreto de extensión corrigió el nombre de la Ley Ómnibus para que se pudiera votar sin dilemas legales y agregó tres puntos más: nuevas modificaciones al Código Penal, a la Ley de Prevención de Lavados de Activos y el permiso para que tropas extranjeras ingresen a la Argentina.
Pero ninguno, salvo la ley ómnibus -que consumió siete reuniones de comisión y cuatro jornadas de sesión- llegó a tratarse.
El Senado, sin sesiones
La Boléta Única Papel (BUP), los pliegos y los convenios internacionales estaban en el territorio del Senado, donde Victoria Villarruel activó las comisiones y consiguió dictámenes favorables pero no pudo llevar ningún tema al recinto por riesgo a sufrir un revés.
La BUP de hecho podría haberse convertido en ley porque ya tiene media sanción de Diputados. Pero el despacho de comisión salió con las firmas justas y sin chances de aprobarse en el recinto sin tener que hacer modificaciones, lo que significaría una vuelta a la Cámara baja. Encima al tratarse de un tema electoral necesita mayoría absoluta -es decir la mitad más uno de votos afirmativos: 37- para aprobarse.
Con los convenios el camino quedó a medias también. La comisión de Relaciones Exteriores dictaminó a favor los acuerdos con Turquía, China y Emiratos Árabes; pero los de Japón y Luxemburgo no tuvieron la misma suerte y se pidió, con aval del radicalismo, que la canciller Diana Mondino los vaya a explicar.
Victoria Villarruel. Foto: EFE.Los entendimientos habían sido suscriptos durante el gobierno de Mauricio Macri para eliminar la doble imposición en materia de tributos y prevenir la evasión fiscal y fomentar inversiones.