«Sánchez les ha dejado las manos libres [a los independentistas] para volver a hacerlo si es lo que quieren. Y los independentistas dicen que es lo que quieren (…) Bloquear la amnistía es uno de nuestros mandatos fundamentales esta legislatura», ha asegurado Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso cuando ha explicado someramente la enmienda a la totalidad que su partido va a registrar contra la ley que beneficiará a los independentistas. Tellado ha dado pocos detalles del texto, que el PP registrará poco antes del límite (seis de la tarde), pero entre los que ha destacado sobresale uno: los populares quieren que «las organizaciones o personas jurídicas» que promuevan referéndums o consultas ilegales sean disueltos por ley. Esto, según fuentes de la dirección conservadora, incluiría a partidos como ERC o Junts si estos convocaran de nuevo un referéndum de independencia ilegal.
«Registramos un texto en el que proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad de nuestro país, y tipificando las declaraciones de independencia y los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos», ha declarado Tellado.
A preguntas de la prensa, el portavoz no ha querido aportar más concreción sobre esta medida, que habría supuesto la ilegalización de Junts o ERC en el ‘procés’ de 2017 y que el presidente del Gobierno de entonces, Mariano Rajoy, no se llegó a plantear. La diferencia, apuntan fuentes de la dirección del PP ahora, es que Pedro Sánchez ha «derogado el delito de sedición y ha reformado la malversación» para granjearse el respaldo de las formaciones independentistas catalanas.
Hace apenas seis semanas, el PP tumbó una moción de Vox en el Senado que pedía la ilegalización de los partidos independentistas «por sus constantes intentos de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia». Los populares, en cambio, lo defienden cara al futuro, en el caso de que alguna de las formaciones soberanistas quiera volver a convocar un referéndum ilegal de independencia.