jueves, 20 junio, 2024
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El Gobierno se prepara para una jornada a todo ó nada contra los piqueteros

«A todo ó nada». En estos términos, y al cabo de la reunión de Gabinete, un alto funcionario con despacho en Casa Rosada graficó cómo se preparó el Gobierno nacional para la jornada de protesta convocada para este miércoles por los piqueteros, en un escenario en el que las propias organizaciones anticipan que será «conflictivo», luego de que se oficializara el proyecto de la administración de Javier Milei para «terminar con la intermediación» en el manejo de los planes.

En la reunión de Gabinete que el Presidente encabezó este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso el plan que trazó de cara a la marcha en la que se congregarán manifestantes de distintas organizaciones, nucleadas en el frente de Unidad Piquetera. Para Bullrich, se trata de una prueba de fuego. No tanto por el resultado que se obtenga en la jornada sino por la coherencia que debe mostrar el Gobierno entre las promesas que hizo Milei y durante la campaña y el primer desafío de los movimientos sociales. “Queremos marcar dureza«, sintetizó un integrante del Gabinete.

No habrá cambios en la postura ni siquiera por el pedido de reunión que organizaciones de izquierda le elevaron a Bullrich ó la advertencia que hicieron de que las columnas estarán acompañadas por abogados. «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Así vengan con un juez de la Corte», replicaron en el Gobierno.

Aunque no se refirió al tema, Milei respaldó a Bullrich y asintió cada comentario que hizo la ministra, que mostró preocupación por las condiciones en las que heredó no sólo el área de Seguridad en general sino el equipamiento. “El nivel de desinversión que hubo se nota. Al Gobierno anterior no sólo no le preocupaba poner orden en la calle sino que se encargó de quitarles recursos a las fuerzas federales”, indicaron en Balcarce 50. Aseguran que eso se advierte no en la capacitación del personal sino en los equipos con los que cuentan para este tipo de operativos.

“La idea es tolerancia cero: al primero que tiene una actitud violenta, por fuera de la ley, detenerlo. Tiene que quedar en claro que ya no se puede hacer cualquier cosa. Hay una mayoría de argentinos que quiere vivir en paz y que en las calles no se viva la ley de la selva”, explicaron en el Gobierno. Y fijaron posición: «No es marketing, es una batalla cultural«.

En ese sentido, en el Gabinete buscaron coordinar acciones para reforzar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha. Entre Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, trabajaron en conjunto para que en el operativo se identifiquen a los manifestantes que corten las calles, con las cámaras de reconocimiento facial, para cumplir con la promesa de quitarles los planes a los piqueteros que corten calles.

Si el objetivo en la previa fue persuadir a los beneficiarios de los planes sociales para que no participen de la protesta, durante la marcha se trabajará en realizar una rápida identificación: el Presidente pidió a sus colaboradores que el mismo jueves se comuniquen cifras estimativas de la cantidad de planes que se darán de baja. «No hace falta que sean detenidos para que se proceda a la quita de planes», adelantó Bullrich.

En cualquier caso, desde el Gobierno hubo contactos informales con sectores de la Justicia para garantizar que quienes sean detenidos no sean liberados inmediatamente si el tipo de delito que cometen así lo prevé. «Hay que terminar con la puerta giratoria para los que cometen delitos durante las protestas», enfatizaron en Balcarce 50.

Bullrich, que se retiró temprano de Gabinete, junto a Pettovello y Luis Petri (Defensa), se reunió luego con el viceministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz y otras autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar acciones. Las fuerzas federales trabajarán en los accesos a la Ciudad ya que en la Provincia, el gobernador Axel Kicillof, a través de su principal espada política Carlos BIanco, anticipó que no frenará a los manifestantes por entender que el protocolo antipiquetes «criminaliza la protesta» y «sobrepasa un límite que se ha tenido en todos estos años de democracia”.

La premisa del Gobierno es que se garantizará el derecho a la protesta pero que éste no debe colisionar con el derecho a circular. «Nosotros entendemos que primero está el derecho, el cumplimiento de la ley y la libertad de los ciudadanos para circular”, remarcó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, no dio precisiones respecto a cuál será la postura en caso de que por la magnitud de las columnas de manifestantes -las organizaciones piqueteras esperan más de 50 mil personas-, no haya posibilidades de que se realicen en veredas y plazas sin afectar el tránsito.

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