En un nuevo capítulo de la causa por presunta contaminación de transformadores con PBC en la localidad de Plottier, la Fiscalía de Asuntos Ambientales, a cargo del fiscal Maximiliano Breide Obeid, imputará al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Sergio Soto. También fue notificado el exsubsecretario de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli.
Se trataría de la tercera imputación realizada hasta el momento, la primera había sido la de Humberto Ciro Peñalver, integrante de la Cooperativa, quien fue identificado por la fiscalía como el responsable de dar la orden de enterrar los transformadores con PBC.
En una entrevista brindada a LU5, el fiscal Breide Obeid confirmó las dos imputaciones e informó que el viernes pasado solicitaron una nueva audiencia para la formulación de cargos, por lo que prevé que se concretaría a finales de este mes o a principios de diciembre.
“Cuando estábamos con la investigación detectamos que había transformadores que no estaban más, se habían mandado a Mendoza, pudimos dar con ellos. Le pedimos a un juez que nos extienda un exhorto que es la forma que tenemos para comunicarnos con jueces de otras provincias, para pedir allanamientos y secuestros. Y ahí hicimos las nuevas pericias y detectamos que tenían PBC”, describió el fiscal.
A su vez, indicó que trabajaron sobre una intimación que la subsecretaria de Ambiente le realizó a la Cooperativa para que se retiraran los transformadores. “Incluso los que estaban en Mendoza ni siquiera estaban identificados en el listado de la subsecretaria”, detalló.
En ese sentido, desde la fiscalía se continúo con la investigación sobre el accionar de los organismos de control ante la detección de los transformadores. Como resultado, encontraron un expediente con la intimación y con un proyecto de multa. Sin embargo, Breide Obeid mencionó que durante cinco años “no pasó absolutamente nada” y es por eso que Lucchelli fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sobre las posibles penas, el fiscal aclaró que son penas bajas, que van de los 3 a los 8 años en suspenso. “No es un delito por el cual una persona pueda ir presa. En caso de los funcionarios públicos, tiene penas de inhabilitación”, completó. Tras la formulación de cargos, se iniciará formalmente la investigación y se da un plazo de cuatro meses o más, para presentar la acusación. Después de esa audiencia, se llevará a cabo el juicio.