Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz permanecerán seis meses más con prisión preventiva. Así lo dispuso la jueza Estafanía Sauli, en la mañana de este viernes (10-11), al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Los tres imputados están señalados como jefes de la asociación ilícita que estafaba con planes sociales, junto al ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el coordinador de ese ministerio, Tomás Siegenthaler.
“Entiendo que el riesgo procesal existe”, fueron las primeras palabras de la jueza, quien aclaró que para tomar la decisión analizó la situación particular de cada uno de los acusados por las estafas con planes sociales. La magistrada sostuvo que “el Estado tiene innumerables herramientas para evitar la actuación de un imputado, pero a veces la organización supera ese Estado porque en este caso, está organización formaba parte del mismo Estado”.
Conforme a lo presentado por las partes, la jueza consideró que teniendo en cuenta la prueba valorada en la reformulación de cargos “no hay nada nuevo para considerar que el riesgo no está vigente”, y remarcó: “La investigación aún no terminó, por lo tanto los riegos procesales existen”.
Luego de finalizar la audiencia, Gustavo Palmieri, abogado defensor de Sanz, anticipó que solicitaron la audiencia de revisión. Se mostró decepcionado “porque la propia jueza reconoce que el riesgo menguó”, y aclaró que “una persona que colabora, queda información, que da nombres no entorpece, no es tan complejo”.
El Sr. Sanz explicó dónde iba el dinero, el problema es que, lamentablemente, por el momento, los fiscales no están dispuestos a investigar eso.
Palmieri apuntó contra el testimonio de Guillermo Meza que presentó la fiscalía. “Estamos tratando de confirmar la información que el señor Meza brindó y que tan creíble y veraz. No hay que descuidar que el señor Meza es el padre de unos de los sospechados”, explicó.
El defensor volvió a referirse a presiones políticas en la causa por los planes sociales. “Fue el propio gobernador electo (Rolando Figueroa) que reconoció que se había comunicado con fuentes del poder judicial”, afirmó Palmieri, y agregó: “Las presiones políticas pasan cuando hay personas mencionadas por el propio Sanz que integran el poder y que ahora parece que los fiscales no tienen mucho interés en investigar”. “El viernes de la semana pasada los fiscales decían que le creían todo, en tres días dejaron de creerle, me cuesta pensar que sea por la declaración del padre de uno de los imputados”, manifestó el defensor.