Espionaje ilegal: las pruebas y nombres de funcionarios que busca la Justicia en los teléfonos secuestrados

Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez fueron los primeros en figurar en la causa. Sin embargo, el fiscal Pollicita supone que con el material que se llevó de Ariel Zanchetta podría avanzar con más imputaciones.

08 de noviembre 2023, 06:04hs

El fiscal de Gerardo Pollicita que investiga la causa por presunto espionaje ilegal a jueces, políticos, sindicalistas y periodistas, asegura que la organización liderada por el expolicía Ariel Pedro Zanchetta habría operado con la ayuda de funcionarios del kirchnerismo

Rodolfo Tailhade es uno de los mencionados en el dictamen de 143 páginas al que TN tuvo acceso, en donde se detalla la mecánica de la banda delictiva. Aunque el diputado del Frente de Todos no quedó imputado, está en la mira de la Justicia y podría ser llamado a declarar en los próximos días.

Tampoco se realizaron allanamientos en su casa ni en las oficinas de la Cámara de Diputados, debido a los fueros que tiene como legislador.

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Lo cierto es que Tailhade es uno de los operadores judiciales y de inteligencia de mayor confianza de Cristina Kirchner, y se le atribuye un rol clave en la comisión de Juicio Político de Diputados que impulsa la avanzada contra los miembros de la Corte Suprema.

En el informe presentado por Pollicita salen a la luz las conversaciones que tuvo con Zanchetta en septiembre y noviembre del año pasado. En los mensajes aparece un pedido de investigación a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; un informe histórico sobre la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrio”; y se habla de armar una carpeta sobre el excandidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Fabián “Conu” Rodríguez, operador de La Cámpora, el más complicado

El que sí está imputado en la causa es Fabián “Conu” Rodríguez, hombre de La Cámpora, exdirector de Télam. Durante todo ese tiempo se convirtió en uno de los operadores mediáticos de mayor confianza tanto de Cristina como de Máximo Kirchner.

En las últimas horas, la fiscalía pidió que Gendarmería allane su vivienda. La finalidad del operativo en su domicilio particular se dio luego de que se revelaran una serie de conversaciones que mantuvo con expolicía del Servicio de Inteligencia, detenido desde junio pasado por la misma causa.

De los intercambios entre Zanchetta y “Conu” Rodríguez se destacó el más importante, ocurrido el 9 de octubre de 2022, día en el que Victoria Tolosa Paz asumió como ministra de Desarrollo Social. Los mensajes surgieron después de que la Justicia pudiera recuperar los chats que fueron borrados de uno de los tantos celulares del principal sospechoso.

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“El avance de la investigación y el análisis preliminar de algunos dispositivos electrónicos incautados permitió a este Ministerio Público Fiscal comprobar que en su interior existían elementos de interés que justificaban la ampliación del objeto procesal, con el fin de determinar los alcances reales de los acontecimientos, los móviles de sus responsables y la identidad de otros involucrados”, informó el fiscal Pollicita.

En el chat que fue incorporado al expediente, el actual subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP le envió al espía un link del sitio web del country donde reside Victoria Tolosa Paz en la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, le encomendó realizar “un parte” y una nota periodística contra la funcionaria.

“¿Necesitas un parte? ¿O armo algo para el portal? De esta tengo todo”, contestó Zanchetta. La respuesta de “Conu” fue contundente: “Todo suma. Esto me vendría bien también, para tener”.

Durante los allanamientos, Pollicita pidió explícitamente buscar celulares, computadoras, pendrives, discos externos y todos los dispositivos electrónicos que encuentren. Sin embargo, no se pudo incautar el teléfono del acusado. Todos los elementos hallados en los operativos serán peritados en los próximos días.

Además, el fiscal informó que desde el Ministerio Público y el Juzgado tienen “recursos humanos y tecnológicos limitados y escasos”, por lo que llevará tiempo procesar toda la información ya recolectada de los teléfonos que le secuestraron a Zanchetta, más todo lo incautado en las últimas horas en el domicilio de Rodríguez.

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“Esto justifica que el análisis de la prueba reunida y la emisión de los correspondientes dictámenes sea en forma parcial y por etapas, a fin de esclarecer, con la mayor premura posible, la dimensión real de los hechos e individualizar la totalidad de personas que fueron objeto de espionaje ilegal, como así también quienes contribuyeron a dicha actividad”, expresó Pollicita.

El fiscal además pidió ampliar la declaración indagatoria de Zanchetta, que ya dio su testimonio en dos oportunidades, pero el funcionario sospecha que podría obtener más información relevante para la causa, pero sobre todo, más nombres propios de militantes y funcionarios ultrakichneristas que operaban en distintos medios de comunicación.

Financiamiento público a través de la pauta oficial

Otro dato crucial que surge de la causa es que la red de espionaje ilegal se financiaba con fondos públicos que salían -en parte- de la subsecretaría de Coordinación de Medios en el ámbito del Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, actualmente a cargo de Jésica Rey.

Es que “Conu” fue subdirector de esa área desde el 2019 hasta 2023, y la Justicia descubrió que era él quien le otorgaba los contratos a Zanchetta para su portal Enclave.ar.

A través de una pauta publicitaria, el sitio del expolicía se mantenía de pie. Bajo la razón social “Carla Vanina Cirillo”, había resultado adjudicatario de publicidad oficial en razón de $80.000 por agosto de 2022, $150.000 por mes en el período septiembre/octubre de 2022 y $200.000 por mes desde noviembre de 2022 hasta junio de 2023 (fecha de la detención de Zanchetta); lo que conforma un total de $1.980.000.

Estos datos surgieron del pedido de informes que hizo el fiscal Gerardo Pollicita en esta causa. También solicitó que otros organismos, que figuran a través de banner en la web del policía retirado, informen sus contratos, así como también intendencias bonaerenses.

De allí surgió que la Municipalidad de San Isidro había destinado en materia de publicidad oficial $98.000 de mayo a octubre de 2023; mientras que la Municipalidad de Leandro N. Alem informó que había aprobado el pago de $20.000 por mes en concepto de publicidad oficial en dicho portal, en el período de marzo a mayo de este año.