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Denunciaron a Luana Volnovich y a su pareja por incumplir sus deberes de funcionario público al frente del PAMI

La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunció este jueves ante la Justicia a la directora y subdirector del PAMI, Launa Volnovich y Jorge Rodríguez por haber cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber viajado de vacaciones a México en forma conjunta y dejando acéfalo el organismo.

En un escrito al que accedió Clarín en exclusiva, Ocaña sostuvo que Volnovich “obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución”.

La denuncia se conoce pocas horas después de que el Gobierno, a través de la vocera Gabriela Cerruti, descartara pedir la renuncia a Rodríguez, novio de la dirigente de La Cámpora. Y recayó en el juzgado federal 6 que subroga el juez federal Daniel Rafecas quien se encuentra de feria hasta el 1° de febrero.

“El comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida en el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI”, sostuvo Ocaña que fue titular del PAMI y ministra de Salud.

El DNU citado dispone que el PAMI “es dirigido por un Órgano Ejecutivo de Gobierno integrado por un Director Ejecutivo y un Subdirector Ejecutivo, ambos designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL”.

“El Director Ejecutivo a que se refiere el artículo anterior tendrá las facultades de gobierno y administración establecidas en la Ley N° 19.032 y sus modificatorias para el Directorio Ejecutivo Nacional y será asistido por el Subdirector Ejecutivo, el que ejercerá las funciones que le encomiende el Director Ejecutivo y lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento”, especificó Ocaña.

La norma citada “establece un mecanismo de alternancia entre las máximas autoridades de la institución (Director y Subdirector Ejecutivo) a fin de garantizar la toma de decisiones y el buen funcionamiento de la entidad”.

De esta forma, la “escapada romántica al caribe mexicano de la Directora Ejecutiva y el Subdirector Ejecutivo de la obra social de los jubilados, generó una situación de acefalía que habría repercutido y afectado el gobierno de la organización, y de esta forma se habrían visto afectadas las prestaciones que brinda el PAMI a sus afiliados”.

“Es un hecho escandaloso que tendría serias consecuencias en la vida real ya que la acefalía de una obra social como el PAMI, que brinda servicios de salud a millones de jubilados, repercute seriamente en el modo y el tiempo y forma en que los beneficiarios reciben las prestaciones, que, dicho sea de paso, en algunos casos revisten cuestiones de vida o muerte”, aseguró Ocaña.

Volnovich y Rodríguez “no podían desconocer esta situación, y sin embargo, actuando con total desprecio por las normas que reglamentan el ejercicio de su cargo y por el bienestar de los afiliados, optaron por realizar este viaje juntos para disfrutar las playas del caribe mexicano sin importarles las consecuencias”.

Reiteró que “el punto central de la denuncia aquí planteada está en el artículo 3º del DNU 2/2004 que dispone que el Subdirector Ejecutivo tiene como principal función reemplazar al Director Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento, lo que claramente no se ha cumplido en el caso”.

“La irresponsabilidad de los funcionarios dejó a miles de jubilados sin toma de decisiones. Es menester remarcar que son funcionarios nombrados por el Presidente de la Nación y no pueden delegar sus firmas, ni tampoco irse los dos al mismo tiempo de vacaciones”, agregó Ocaña en su denuncia.

Entre los reclamos “se vislumbra que hay demoras en los turnos de consultas a especialistas (cardiólogos, ginecólogos etc.) de más de seis a siete meses, demoras en la entrega de medicamentos y prótesis. En este punto no debemos perder de vista, que por la naturaleza de los afiliados del PAMI, en su mayoría adultos mayores, cuando se necesita hacer una consulta médica es porque su salud se lo requiere y no tienen tiempo para esperar”.

A modo de ejemplo, “la Clínica Agüero de Morón, donde se atiende mayoritariamente a afiliados de PAMI, desde hace aproximadamente tres o cuatro meses, no cuentan con atención neurológica ni cardiológica, dado que PAMI no designa profesionales”.

En la delegación PAMI Quilmes, “no cuentan con el personal suficiente dado que muchos empleados se encuentran aislados y allí por ejemplo el otorgamiento de diferentes prestaciones, como ser la entrega de audífonos, contaría como una demora de ni más ni menos que de once meses”, aseguró Ocaña.

“Otra situación alarmante es que a los pacientes oncológicos no se les reconocen las drogas para que puedan llevar adelante los respectivos tratamientos”, dijo.

Y como cierre “de las innumerables falencias de PAMI, hay hospitales, como por ejemplo el Milstein, prestador del Instituto donde no hay jeringas para hacer gases en sangre, algo vital para aquellos pacientes que se encuentran internados en terapia”.

A todas estas deficiencias “debemos sumarle el destrato y maltrato que sufren los adultos mayores quienes enfermos con suerte deben esperar una ambulancia más de siete horas”.

Como corolario de todo, “la Directora y Sub Director Ejecutivo, mientras decidieron irse de vacaciones al Caribe dejando de lado todos estos problemas, invitaron a los jubilados afiliados a vacacionar” en las termas en una muestra de “cinismo puro”.

Se los acusa de la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 248, 249 , 261 del Código Penal. Por un lado, el artículo 248 del Código Penal “reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Por su parte el artículo 249 del Código Penal establece que “será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.”

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