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Martín Soria va a Diputados para revivir la reforma de la Procuración

El flamante ministro de Justicia, Martín Soria, se presentará el miércoles próximo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con el propósito de reactivar el debate sobre el proyecto que modifica la ley de Ministerio Público. Acompañado por el secretario de Justicia Juan Martín Mena, su segundo en la cartera, Soria intentará buscar el apoyo necesario para modificar la iniciativa, resistida por distintos bloques de la oposición, entre ellos Juntos por el Cambio.

La iniciativa fue aprobada el año pasado por el Senado y quedó trabada en la Cámara de Diputados debido a que el oficialismo no cuenta con la mayoría suficiente de votos para sancionarla. No sólo Juntos por el Cambio, sino buena parte del resto de las bancadas aliadas anticiparon su renuencia a votar la iniciativa. Soria, un hombre cercano a Cristina Kirchner -impulsora del proyecto en la Cámara alta- dijo, al asumir su gestión, que uno de sus objetivos será conseguir esas voluntades.

Además de Soria y Mena, participará también del encuentro con los legisladores el fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).

El fiscal Carlos Rívolo y el ministro de Justicia, Martín SoriaJusticia

El ministro Soria se reunió la semana con Rívolo y la secretaria general de la entidad Susana Pernas. Allí conversaron en busca de consensos. Ambos están de acuerdo en que debe el Ministerio Público debe estar comandado por un procurador titular. Quien hoy ocupa el cargo, Eduardo Casal, lo hace en condición de interino en reemplazo de Alejandra Gils Carbó, quien renunció durante la gestión de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas como sucesor, pero su pliego está frenado en el Senado, pese a que el kirchnerismo domina con su mayoría el cuerpo.

Durante el encuentro, Soria y Rívolo coincidieron en que el cargo de procurador general debe dejar de ser vitalicio, uno de los puntos contemplados en el proyecto de ley aprobado por el Senado. Rívolo se mostró de acuerdo con establecer un mandato temporal que permita alternancia. En la reunión estuvo presente Mena, los ojos de Cristina Kirchner en el ministerio.

De todos modos, el proyecto tiene puntos donde los fiscales y la oposición son irreductibles: entre ellos, el modo en que se previó la conformación del Tribunal de Disciplina de Fiscales que, según los detractores de la iniciativa, los deja a tiro de una suspensión por investigar. Y tampoco consienten que la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso cogobierne la Procuración, eligiendo al procurador sustituto o aprobando estructuras del organismo.

Soria busca reactivar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que se encuentra estancada en DiputadosMAXIMILIANO VERNAZZA

Además, los fiscales no aceptarían cambiar los dos tercios actuales de los votos del Senado necesarios para elegir procurador por la mayoría simple que prevé la norma aprobada en la cámara alta.

Soria anticipó que estaría dispuesto a retirar del proyecto aquellos puntos más conflictivos para fiscales y opositores. Sin embargo, opositores y fiscales mantienen su desconfianza: temen que, a la postre, el Gobierno se salga con la suya y logre aprobar la iniciativa original.

Para Rívolo el proyecto debería empezar de cero. La oposición coincide: aceptaría debatir el proyecto pero no darle continuidad al que tuvo media sanción del Senado. Es que el mecanismo de aprobación de las leyes tiene una particularidad por la cual el kirchnerismo podría lograr la ley que le es esquiva.

En efecto, si la Cámara de Diputados se reforman algunos artículos, la iniciativa debe retornar al Senado. Si en el Senado, el oficialismo insiste con la redacción original, no hay más discusión y se aprueba esa versión de la ley inaceptable para fiscales y opositores. Por eso es que plantean la necesidad de una nueva ley. Rívolo ya le avisó a Soria que iría el miércoles, pero para criticar con los tapones de punta aquellos artículos que interpreta limitan la independencia de los fiscales y los exponen a una suspensión por investigar al poder.

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