Oportunistas de la crisis. Buscavidas y estafadores, a la pesca de negocios con el EstadoPolítica 

Oportunistas de la crisis. Buscavidas y estafadores, a la pesca de negocios con el Estado

No importa cuándo desbloqueara su celular, el intendente del conurbano siempre tenía decenas de mensajes de desconocidos que le ofrecían barbijos, guantes, cofias y hasta respiradores artificiales de todo tipo, calidad y precio. Corría marzo, el país ya estaba en cuarentena y los teléfonos de intendentes, gobernadores y funcionarios responsables de preparar el sistema de salud mostraban una imagen repetida: en medio de la desesperación y la incertidumbre, era el momento de los oportunistas.

El coronavirus significó la quiebra para miles de empresas, pero abrió negocios para algunas otras, que le vendieron al Estado y a clínicas privadas como nunca antes. Fue la salvación de quienes pudieron reconvertirse. También fue la oportunidad para estafas que implicaron pérdidas millonarias para el presupuesto público. El gobierno porteño pagó un adelanto de $60 millones por 5000 barbijos que nunca recibió. El de la provincia de Buenos Aires, $124 millones por respiradores que no llegaron. Cuentos del tío, gestiones insólitas, excusas delirantes y promesas incumplidas; con el coronavirus se multiplicaron escenas dignas de una remake de Nueve Reinas.

“Era como trabajar en el Once de la pandemia. Había que estar muy atento”, lo resumió Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense. Mientras los contagios empezaban a crecer, sobre su escritorio se apilaban cofias agujereadas, barbijos mal cortados y mamelucos con mangas de distinto tamaño, entre otros insumos ofrecidos para equipar los hospitales bonaerenses.


Mamelucos de protección con defectos graves, algunos de los casos insólitos de productos ofrecidos al Estado

La gran mayoría de intermediarios que se presentaron ante las autoridades, tanto nacionales como de distintas administraciones municipales y provinciales, quedaron en el camino porque no pasaron los distintos filtros, que comenzaban por Google y, según la dimensión de cada compra, llegaban a niveles de búsquedas de antecedentes más sofisticados. Algunos emprendedores -los más desprolijos- ni siquiera tenían sociedades registradas, otros, en cambio, habían inscrito su firma días antes de que se decretara la cuarentena. Muchos eran monotributistas que se ofrecían como la llave para destrabar contratos millonarios.

“Me hicieron un cuento increíble”, relata un intendente del conurbano a LA NACION. “Un empresario, que parecía bastante solvente, me ofrecía traer unos dispositivos espectaculares para aislamiento en camas de alta complejidad que había patentado en Holanda”, detalló el dirigente peronista. La historia empezó en esos agitados días de marzo, pero se extendió más de la cuenta. El intendente perjura que este “empresario” había sido uno de los pocos que había superado las revisiones para verificar que su empresa existiera y que tuviera algún antecedente en el rubro sanitario. Aún así, el “cuento” duró 45 días. Primero, había problemas para conseguir los productos en el momento de mayor demanda a nivel mundial. Después, inconvenientes con los permisos de exportación y, ya sobre el final, fronteras cerradas y altos costos de fletes. Conclusión: los productos nunca llegaron. “Menos mal que no pusimos ni un peso”, dice aliviado el intendente.

La escena se repite con cualquier funcionario que haya estado en la trinchera del sistema sanitario. “No sabés lo que nos pasó con unos barbijos”, se acomoda un funcionario bonaerense antes de relatar la anécdota. Los oportunistas no solo escribían mensajes de WhatsApp; también tocaban la puerta de las oficinas públicas. “Nos reíamos para no llorar. Nos trajeron unos barbijos para comprobar su calidad pero con elásticos rotos, mal cortados, parecía hecho por un nene de cinco años. ¡Si esa era la muestra, no me quiero imaginar lo que nos iban a entregar cuando les compráramos!”, recuerda ahora el dirigente con una sonrisa. Pero reconoce que en esos primeros días de pandemia se vivieron momentos de tensión, ansiedad y temor hasta que el sistema sanitario estuvo finamente equipado.


Con la llegada de la pandemia, los estados nacional, provinciales y municipales destinaron millones de pesos a la compra de insumos Fuente: Archivo

Es evidente que los filtros no fueron lo suficientemente exhaustivos: hubo más de una estafa al Estado. LA NACION detectó en abril que el Ministerio de Desarrollo Social había comprado alimentos básicos para la ayuda a los barrios pobres con sobreprecios del 50%. Enseguida estalló otro escándalo pero en la Ciudad, cuando el gobierno porteño compró barbijos por $3000 cada unidad, lo que motivó la renuncia de dos funcionarios. Los protagonistas fueron, en ambos casos, los “intermediarios”.

Los “intermediarios” también se reconvirtieron con el coronavirus. Sin experiencia en el rubro, mutaron para aprovechar la infinita demanda que abrió la pandemia. “La mayoría de los intermediarios muestra un cambio de objeto de su empresa por esta crisis. Es importante que puedan demostrar la trazabilidad de los productos con documentación. Después de todos los problemas que son de público conocimiento, recurrimos solo a los intermediarios conocidos”, afirmó Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria del gobierno porteño.


Barbijos con defectos en las tiras y mal cortados llegaron a manos de funcionarios responsables de las compras para enfrenar la pandemia

Los estafadores no entienden de grietas políticas. Tanto el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta como el gobernador Axel Kicillof lo sufrieron en carne propia. La Justicia detuvo en mayo a Damián Nevi, el intermediario que le vendió (y le cobró) cinco millones de barbijos al gobierno porteño a través de la firma E-ZAY SRL. La defraudación se concretó después de cobrar los $60 millones correspondientes a la mitad del contrato, pero los productos nunca llegaron.

Días después de la estafa porteña, una escena similar se repitió en La Plata: el gobierno bonaerense le había comprado respiradores artificiales a un proveedor con antigüedad en el mercado, cuyo proveedor era Nevi. Otra vez, el contrato se cobró pero, como los respiradores no aparecían, la provincia anuló la compra. Quedaron en el camino los $124 millones que habían salido de las arcas públicas y que, aseguran, volverán cuando se cobre el seguro de caución.

Después de que se hicieran públicas estas estafas, los funcionarios levantaron la guardia. Fuera de protocolo, un dirigente sanitario recuerda que, en plena negociación con un intermediario, decidió tocarle la puerta de su depósito para que le mostrara los barbijos que le juraba tener “a disposición”. Tal como imaginaba, los productos que prometía no estaban. Hubo casos peores: otro funcionario de un municipio fue a tocar la puerta de un supuesto depósito en el conurbano que, en realidad, era una casa particular.

Las estafas en tiempos de pandemia no son un mal que aqueje sólo a la Argentina. Sin ir muy lejos, el pasado 20 de mayo fue detenido el ministro de Salud de Bolivia por la compra de respiradores artificiales con sobreprecios. En España, las autoridades de Salud quedaron bajo la lupa después de haber comprado test falsos a China (sin certificación), que además se pagaron con sobreprecios. Los casos se repiten por decenas en los distintos los continentes.

En la crisis no hay precios

Los precios de pandemia fueron una tentación para la reconversión de empresas. Vialerg SA, creada a finales de 2018, se dedicaba a la comercialización y mantenimiento vial para la construcción, pero con la llegada del coronavirus se metió entre las cinco empresas que más le facturaron al Gobierno: $395 millones por tres contrataciones de camisolines y cofias, según pudo reconstruir LA NACION.

Vialerg SA se define en su sitio web como “encargada principalmente de proveer al Estado”. Recién en marzo incorporó ante la AFIP como una nueva actividad la “venta de productos farmacéuticos”. Desde entonces, recibió la adjudicación de tres contrataciones directas del Ministerio de Salud por 2.3 millones de camisolines y 1.5 millones de cofias hidrorepelentes. Los camisolines, entre $160 y $163 por unidad (según cada contratación) y las cofias, entre $16 y $18, el precio más caro de todas las compras del Estado sobre el mismo producto.


Así es un kit completo, en buenas condiciones, destinado al personal sanitario que está en contacto con el Covid-19 Fuente: AP – Crédito: Natacha Pisarenko

Lejos de los registros públicos, la “reconversión” de empresas que vieron una oportunidad atrajo, en especial, a los miles de talleres textiles del conurbano bonaerense, la mayoría con trabajadores informales. “Vemos una gran diversidad de empresas que históricamente no tenían ningún antecedente con el sector sanitario. La mayoría son del sector textil porque el uso de tapabocas es masivo y prácticamente no tiene requisitos médicos”, resumió Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de la República Argentina.

La Argentina ofrece talento de exportación en el rubro de oportunistas en tiempos de pandemia. El rosarino Ariel Lasca, radicado en Miami, especialista en importación de cerámicas y porcelanas, se convirtió repentinamente en el principal proveedor de barbijos de El Salvador. La empresa Lasca Design LLC firmó un contrato por 3 millones de dólares con el país centroamericano, reveló el sitio El Faro de ese país. En una conversación telefónica con LA NACION, Lasca se sinceró: “Sí, es cierto que yo antes no vendía insumos médicos, pero a raíz de todo esto le hemos vendido a El Salvador y a otros gobiernos. Yo me dedico a hacer negocios y hago cualquier tipo de negocios, siempre que sean de forma lícita, porque uno vive de estas oportunidades”.

Con la colaboración de Germán de los Santos

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