Las usurpaciones de terrenos, una mancha que se desparrama en la ProvinciaPolítica 

Las usurpaciones de terrenos, una mancha que se desparrama en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires hay un intento de toma de tierras ilegales, la mayoría consumadas, por semana. Es un registro oficial del ministerio de Seguridad bonaerense y detrás de las estadísticas están la miseria, las mafias, el negocio y la política.

Ya se cuentan 160 episodios de esta naturaleza en el semestre.

La capital provincial, el Gran La Plata, lleva una gravitación preocupante en el tema: casi una treintena de usurpaciones en los últimos meses. Desde pequeñas fracciones de privados hasta vastas extensiones como las del ex club de Planeadores, en Los Hornos. Allí, en esas 160 hectáreas, se desarrolla la ocupación más grande de la Provincia. Crece, bajo vigilancia detenida de la Gendarmería y la Policía local. Como en todos los casos, es materia de litigio, que no resuelve el desalojo.

En La Plata, conformada alguna vez como modelo de urbanización naturalista, los asentamientos llegan a 200. Un record de las últimas dos décadas. El último año suma igual cantidad del delito de “usurpación” que en el período 2014 -1019. Por la extensión del distrito (926 kilómetros cuadrados) la oleada, en apariencia, se convierte en indetenible.

Algunas voces convalidan esta irregularidad. El soporte es la gravísima realidad social. Ese apremio que pondría en riesgo el contrato social, según Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”. Asegura el dirigente que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar”. En soledad, la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, admitió que hay “necesidades”, pero diferenció que los hechos en el Conurbano “tienen otra matriz”. “Entendemos que lo que está sucediendo con las tomas tiene que ver con situaciones más delictivas que reales”, explicó la funcionaria.

En el medio los intendentes. En el equilibrio que resulta de sus propias realidades, sin uniformidad de criterios. “Al no haber un marco normativo general y condicionados por la propia dinámica de la Justicia, a veces el problema nos excede”, mencionó un jefe comunal del sur del Gran Buenos Aires a Clarín. Admiten, en sordina, que existen componentes políticos en las tomas. “Y negocio”, insisten.

Acreditan en Florencio Varela, Cañuelas, La Matanza, Pilar, Presidente Perón, San Martín, Vicente López, José C Paz, Escobar, Mercedes y Merlo, entre otros distritos.

En la Provincia hay un registro, móvil, de 1800 asentamientos. Mil de ellos en el Conurbano. Una de las tomas de terrenos fue en San Martín, en el Barrio 13 de Julio, en José León Suárez. En San Fernando, hubo un intento de toma de terrenos que es utilizado en Villa Jardín como recreo y espacio público. Esta vez, sin incidentes, y con posterior desalojo de la Policía.

Hace varias semanas, 200 personas ingresaron a las viviendas “sin terminar” del barrio “Gendarmería”, también conocido como “Las 300 casitas”, ubicado en el límite con Cuartel V, en Moreno.

En algunos municipios es con violencia. En la mencionada capital provincial, transcurren, muchas veces a los tiros, las tomas de Los Hornos, Los Porteños, barrio La Aviación y en City Bell.

“Es un negocio. Son tomas que tienen sentido vinculados a negocios“, fue la denuncia de hace unos días de Oscar Negrelli, secretario de Coordinación de La Plata.

Se venden lotes tomados hasta por Facebook. A la vista de todos. En plena flagrancia.

¿Entonces por qué la Justicia no resuelve en tiempo y forma?. Señalan que la resolución 707/19, dictada en abril por la Suprema Corte de Justicia, estableció un “protocolo de actuación judicial frente a las usurpaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Los fiscales y los jueces, a su vez, quedarían limitados por ese protocolo. En muchos casos, argumentan, demora las medidas.

El protocolo contempla protección a mujeres, niños, niñas adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas especialmente vulnerables en procesos de desalojos.

Algunos alcaldes observan un comportamiento más activo. Alejandro Granados, en Ezeiza, se encarga con su personal de impedir las tomas. “Acá no entran. Los sacamos a patadas”, desafía Granados.

En otras municipalidades aparece la intermediación. Ocurrió, por ejemplo, en Ciudad Evita, en La Matanza, donde los curas de esa diócesis procuraron acuerdos entre intrusos y autoridades de la comuna, para evitar la represión. El intendente Fernando Espinoza busca consensuar. En ese territorio donde conviven casi 2.000.000 de bonaerenses hay 115 asentamientos.

La mancha se disemina hacia comarcas de menos densidad poblacional. Hace poco, medio millar de personas se establecieron ilegalmente en terrenos de Presidente Perón. La planificación de la toma habría respondido a la agrupación “Organización Libres del Pueblo Resistir y Luchar”. En algunos casos hay agrupaciones políticas tradicionales y organizaciones menos conocidas que garantizan la logística, incluidos los abogados. Otros funcionan autónomos, como verdaderas mafias. Los alcaldes aportan que “hasta por colectividades, se racionan el negocio y compiten”. “Siempre con los necesitados como cortina, de quienes se aprovechan”, aclaran.

En Guernica se habrían empezado a vender lotes de los nuevos terrenos ocupados a un precio de 50.000 pesos. Efectivo.

Durante la cuarentena se observaría cierta distensión en el control del fenómeno. Contribuye la retracción económica. De acuerdo con datos de la UCA, se perdieron un millón de puestos de trabajo.

La Iglesia se comporta atenta a esta situación. Antes que Grabois sorprendiera con esta declaración, hubo un documento premonitorio del sector eclesiástico. Previa aclaración de no participar o alentar la toma de tierras, desde de la Diócesis de San Justo, firmaron este documento: “Los curas en barriadas matanceras’ de las villas y asentamientos de la Diócesis de San Justo, junto a nuestro Obispo, estamos al lado de nuestros vecinos y vecinas que legítimamente reclaman el derecho a tierras y viviendas dignas. Una vez más expresamos que es una vergüenza que existan terrenos abandonados y convertidos en basurales junto a barrios populares en los que conviven hacinadas hasta tres familias en un mismo terreno de 10 x 20 metros”.

Los fiscales basculan entre la norma, la angustia social y cierta desatención política. En ese ámbito también hay reclamo de mayor claridad desde el poder. Y también quedan expuestos: en Florencio Varela terminaron denunciado a la Fiscalía de Quilmes “por la inacción ante la ocupación ilegal de parcelas ubicadas detrás del Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson”. Es más, denunciaron que una inmobiliaria vendía los lotes intrusados.

El estado mantiene una doble deserción. Por un lado, no actúa como garante de la propiedad privada y de la regulación del acceso a la tierra de acuerdo con la necesidad, en cada caso, fuera del manejo discrecional de quienes se organizan para las tomas. Por otro, porque es el principal cedente de propiedad propia. La cuarta parte de los asentamientos está sobre terrenos y vías del ferrocarril. Aunque la red ferroviaria haya sido destruida mucho antes, es (o fue) patrimonio del estado nacional.   

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