Roberto Lavagna no deja que la lista apadrinada por Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo vaya enganchada de la fórmula presidencialPolítica 

Roberto Lavagna no deja que la lista apadrinada por Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo vaya enganchada de la fórmula presidencial

En medio de la disputa por la interna en la Ciudad, el candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, comunicó al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que “sólo autoriza el pegado de la boleta presidencial” a la lista lleva como candidato a Jefe de Gobierno a Matías Tombolini y a su hijo, Marco Lavagna, como candidato a primer diputado nacional.

Así, impide que la lista apadrinada por Margarita Stolbizer y Luis Barrionuevo -que lleva al radical disidente, Miguel Ponce, de candidato a jefe de gobierno y a Carlos Campolongo como diputado- pueda ir con la boleta completa, es decir enganchados a la fórmula presidencial de Lavagna y Urtubey.

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Desde el entorno de Lavagna plantearon que el candidato a presidente es el único con la facultad de veto y que la decisión se tomó ante “la violación de acuerdos preexistentes”.

En el lavagnismo aseguran que se había acordado que así como el armado de listas en Salta y Jujuy quedaba a cargo de Juan Manuel Urtubey y que en Provincia, el barrionuevismo y otros sectores iban a tener prioridad, en Ciudad habían fijado que Marco Lavagna estaría a cargo de la estructura.

“Hicieron lista paralela sin que existiera acuerdo previo para eso, por eso el candidato a presidente lo vetó”, aseguran.

Desde el GEN de Stolbizer señalaron a Clarín que la decisión es “jurídicamente incorrecta”, porque, aseguran que el artículo seis del acta fundacional de la alianza establece que todas las listas del frente que quisieran adherir pueden hacerlo. “Es una persecución a los partidos que le dimos vida, como el GEN y el socialismo”, afirman.

La noticia se da en medio de la pelea por la habilitación de las listas a competir en internas, después de que la Junta Electoral de Consenso Federal haya impugnado la lista 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño había habilitado este lunes a los candidatos a legisladores y jefe de gobierno de la lista denominada “Progresistas” a competir contra la nómina lavagnista que encabeza Matías Tombolini.

El sábado pasado, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, había hecho lo mismo con las candidaturas para cargos nacionales que encabezan Julio Bárbaro (senador) y Carlos Campolongo (diputado).

Mabel Bianco, Julio Bárbaro, Gretel Ledo y Carlos Campolongo.

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Sin embargo, el lavagnismo apeló la decisión de Servini y ahora es la Cámara Electoral la que tiene la palabra final. Debe proclamarse en el transcurso de las próximas 72 horas.

“Esto confirma nuestras sospechas de que el rechazo de la junta electoral partidaria fue una decisión política. No quieren que compitamos”, plantean desde el GEN de Stolbizer y el barrionuevismo.

Pero la decisión del TSJ es inapelable. Por lo cual, el radical disidente Miguel Ponce, candidato a jefe de gobierno, y José Luis Ludueña (del GEN) como primer legislador quedaron firmes en la competencia contra los candidatos locales del lavagnismo: Tombolini como jefe de gobierno y Eugenio Casielles, primer legislador.

Los cinco miembros del tribunal plantearon en el fallo que “la fundamentacion de la mayoría de la Junta Electoral para rechazar la lista no brinda certeza respecto de las razones que motivaron su decisión, toda vez que se apoya en argumentos confusos y contradictorios”.

Por eso, decidió hacer lugar al recurso de apelación, “revocar la decisión de la Junta” y “mandar que se registre, notifique y publique” la lista en cuestión.

La semana pasada, la Junta Partidaria de Consenso Federal había proclamado la lista encabezada por Tombolini como jefe de gobierno y Marco Lavagna como candidato a diputado, pero había impugnado por irregularidades” la lista denominada “Progresistas” en todas sus categorías.

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Señalaron que “hubo cargas por fuera del horario de cumplimiento de la carga” y que “faltaban avales“, entre otras cuestiones.

Si bien el sector progresista apeló a la Junta, el órgano partidario rechazó el planteo y se mantuvo firme en la impugnación que escaló a la Justicia.

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