Un juez de Bahía Blanca procesaría a Lázaro Báez por usar facturas truchasPolítica 

Un juez de Bahía Blanca procesaría a Lázaro Báez por usar facturas truchas

El juez federal 1 de Bahía Blanca firmó el despacho que deja a Lázaro Báez al borde de un nuevo procesamiento. Está acusado de liderar una asociación ilícita fiscal que dañó al Estado en 673 millones de pesos.  Los primeros indicios de vínculos delictivos entre Austral Construcciones y empresarios bahienses con el uso de facturas apócrifas los detectó la AFIP en 2011, pero el cierre de la delegación regional en agosto de 2012 frenó la auditoría. 

Ayer el juez Sebastián Casanello elevó a juicio oral la causa por encubrimiento contra Ricardo Echegaray por aquella decisión.

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El expediente interno de AFIP se transformó en causa judicial en octubre de 2014 y apuntó sobre los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza. Las empresas del primero, Penta y Cía S.A., Terrafari S.A. y Calvento S.A. no mostraban actividad económica real, ni capacidad económica ni financiera, como para facturar en la magnitud y diversidad de servicios supuestamente prestados a la empresa emblema de los Báez, beneficiaria de varias obras públicas y de infraestructura durante el kirchnerismo.  Hacia allí habían apuntado los auditores de AFIP, trasladados luego a Mar del Plata, por orden de Echegaray luego de disolver la seccional Bahía Blanca de la DGI. 

“La maniobra habitual de todas las empresas indicadas consistía en que una de ellas (ejemplo Austral Construcciones, la destinataria final de la cadena de proveedores falsos), contrataba a otra, ejemplo Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) que a su vez subcontrataba los bienes de uso y el personal que otra de las empresas vinculadas decía tener (por ejemplo Calvento y Grupo Penta y Cia) para “realizar” la obra o “prestar” el servicio que supuestamente pretendía la primera” describe la acusación del fiscal Antonio Castaño. Todo era ficticio.

En la práctica, los servicios, remarcados con sobreprecios sobre las obras públicas, no se llevaban a cabo y para aparentar legalidad al proceso, se imprimían facturas apócrifas que les permitía a los sucesivos acreedores hacerse de crédito fiscal para evadir. El daño patrimonial al Estado, estimado en $ 673 millones es sólo por la evasión de IVA y Ganancias y constituiría el delito precedente necesario para la investigación de Casanello contra Báez por lavado de dinero en la causa La Rosadita.

Además de Lázaro, en la causa está involucrado su hijo mayor Martín. Figuran cuatro miembros de la familia Ficcadenti (Mauro, Enzo, Silvio y Franco), cuatro de la Ferreyra  (Silvio, Antonio, Denis Ariel y Jorge), dos Pedraza (Mario e Iván de Iberoamericana de Servicios) el contador Rodolfo Changuía y el financista Néstor Piñeiro, estos dos últimos de vínculos con Juan Ignacio Suris. El amigo de Leonardo Fariña tiene pendientes un juicio por liderar otra asociación ilícita fiscal con el uso de facturas truchas (sus 6 empresas tenían negocios con Iberoamericana de Servicios) y otro como jefe de una banda de narcotraficantes.  

En agosto pasado, cuando los catorce fueron a declarar, se negaron a hacerlo o rechazaron los cargos. Todos están en libertad, salvo Lázaro preso por otras causas. El empresario patagónico entregó un escrito en el que dijo ser un “chivo expiatorio” por su amistad con los Kirchner. El lunes pasado el juez federal 1 Walter López Da Silva dispuso ordenar los autos para resolver, por lo que en los próximos días dispondrá si los procesa, sobresee o dispone falta de mérito.  En las últimas semanas recibió un aval de Casación, que dejó firmes las inhibiciones de bienes que le había fijado a los imputados. 

En la causa 10451 que instruye López Da Silva constan informes producidos por AFIP respecto de una inexistente conexión comercial entre el Grupo Penta S.A.y Austral Construcciones pese a las facturas que circularon entre una y otra. A similares conclusiones llega el informe de Impositiva respecto de la conexión triangulada entre Constructora Patagónica S.A., las empresas del grupo Ficcadenti y la de Báez, “de la que se concluye su ilegalidad”, sostiene la fiscalía bahiense.

En febrero de 2017, a pocos meses de asumir en el cargo, López Da Silva se declaró incompetente para actuar en la causa y le giró las actuaciones a Casanello, quien por entonces ya investigaba a Báez por lavado de dinero. Sin embargo, el juez capitalino rechazó el expediente y la pugna fue resuelta por la Cámara Federal bahiense que finalmente mantuvo la causa en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, le giró a Casanello el expediente contra Echegaray por el cierre de la regional de AFIP en agosto de 2012.  “No hubiese sido posible el despliegue de semejante maniobra sin la connivencia, protección y apoyo interno del organismo recaudador” sostuvo la fiscalía bahiense. 

Aquella decisión de Echegaray no fue la única que frenó las investigaciones. En junio de 2015 asumió como subrogante al frente del juzgado federal el juez Alejo Ramos Padilla. En su primer día de gestión, recibió a abogados de los Ferreyra y luego excarceló a un par de ellos. Durante su interinato, la instrucción estuvo varias semanas en su despacho, lo que le impidió a la fiscalía avanzar con la instrucción. Al mismo tiempo, acumuló una causa por evasión tributaria simple y agravada, en la cual dispuso apenas dos indagatorias que no se realizaron.

Entonces, el juez de Dolores Juanjo Ramos Padilla había reemplazado en el cargo a Santiago Ulpiano Martínez, por decisión de la mayoría K en el Consejo de la Magistratura. Antes de ser desplazado, Martínez había dispuesto allanamientos y acelerado medidas para avanzar con el expediente contra Báez. Todo se estancó con la llegada de Ramos Padilla. Durante los pocos más de 6 meses que tuvo en manos la causa, el expediente sumó apenas 73 fojas.

Tras la renuncia de Ramos Padilla el 31 de diciembre de 2015, el juzgado siguió con otros jueces suplentes que tampoco aceleraron la investigación. Recién con la asunción de López Da Silva, en noviembre de 2017 el expediente tomó velocidad y quedó a un paso de la definición procesal de los 14 imputados. 

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