Grabois, el representante de Cristina en la organización del debate presidencial

Todavía no están oficializadas las alianzas y mucho menos las candidaturas para ocupar la primera magistratura, pero la Justicia Electoral ya empezó a dar los primeros pasos para la organización de los debates presidenciales, que a partir de estos comicios serán obligatorios por ley.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el cronograma, en el que se detallan no solo las fechas en las que los argentinos deberán acudir a las urnas, sino que también se establece la fecha del primer debate. El cruce entre los candidatos presidenciales será el 13 de octubre, dos semanas antes de la primera vuelta.

Habrá un segundo cruce una semana antes de la elección y, en caso de que haya ballottage, los dos candidatos deberán debatir el 17 de noviembre, también una semana antes de la votación. No habrá debate de precandidatos en la campaña previa a las PASO.

Además de la confirmación de las fechas, la CNE ya mantuvo una reunión con representantes del ámbito académico y de la sociedad civil para conformar el Consejo Asesor del debate. La justicia electoral invitó para ese encuentro, que tuvo lugar en diciembre último, a entidades como Cippec, Poder Ciudadano, el CELS, ADEPA, Fopea, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y a Argentina Debate. Esta última es la ONG organizó el debate presidencial de 2015, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA.

También participaron del encuentro figuras como

Juan Grabois

, el dirigente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que expresó su apoyo a la eventual candidatura presidencial de

Cristina Kirchner

.

Además, estuvieron invitados la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio; el sociólogo Atilio Borón; Horacio González, de Carta Abierta, y el rector de la UBA, Alberto Barbieri, entre otros.

Este año será la primera vez que se lleven a cabo debates presidenciales obligatorios, dispuestos por la ley que aprobó el Congreso a fines de 2016 y quienes no concurran serán sancionados, según la norma, con el “no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual”, que en su lugar serán “de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes”. Además, se dejará vacío el lugar que debía ocupar el candidato ausente, como ocurrió en 2015, cuando el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, se ausentó del primer debate presidencial. Scioli sí participó del encuentro previo al ballottage con Mauricio Macri.

Uno de los debates previos a la primera vuelta deberá realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que aún la CNE debe definir el otro, que puede ser en el interior del país.

Por su parte, también estarán dadas las condiciones para que haya un debate entre los candidatos a vicepresidente de los distintos partidos, en caso de que los espacios expresen su voluntad de llevarlo a cabo.

A la espera de que avance el cronograma electoral y se definan las alianzas y las candidaturas, la CNE está trabajando en el presupuesto que se invertirá en los debates. El financiamiento se hará con fondos públicos y el Gobierno pidió que fuera limitado debido a las restricciones presupuestarias.

Una vez más cerca de la elección y con asesoramiento de las entidades de la sociedad civil y del mundo académico, el tribunal deberá convocar a las organizaciones políticas a una audiencia en la que se deberán determinar los detalles del debate. A modo de ejemplo, en esa reunión, el macrismo, el kirchnerismo y los demás partidos participantes deberán ponerse de acuerdo en torno al reglamento del debate, los temas a discutir y las figuras que estarán a cargo de la moderación de los encuentros.

En el caso de que no haya acuerdo, será la Cámara la que tenga la decisión final.

Por su parte, según establece la ley, el debate será transmitido en simultáneo en todos los medios estatales y estará a disposición de aquellos medios privados que también deseen transmitirlo. Durante ese proceso, se suspenderá todo tipo de publicidad electoral y de los actos de Gobierno.